La investigación de juicio político contra Biden en cinco claves
Presidente de EE.UU.
Tras meses de pesquisas preliminares sin pruebas concluyentes, la apertura de esta investigación les facilita el camino para solicitar registros bancarios y otros documentos en su intento por encontrar evidencias de corrupción o irregularidades financieras.
Washington.- La apertura de una investigación de juicio político contra Joe Biden, ordenada por el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, no tiene visos de prosperar, pero refleja un aumento de la presión de la bancada conservadora contra el mandatario demócrata.
¿Qué quieren investigar los republicanos?
Los conservadoras acusan a Biden de intervenir en los negocios en el extranjero de su hijo Hunter aprovechando sus conexiones políticas y de beneficiarse de esas transacciones. Creen también que la Administración demócrata ha concedido un trato de favor a la familia por ser quien es.
Tras meses de pesquisas preliminares sin pruebas concluyentes, la apertura de esta investigación les facilita el camino para solicitar registros bancarios y otros documentos en su intento por encontrar evidencias de corrupción o irregularidades financieras.
¿Quién está al frente de esa investigación?
McCarthy ha puesto a cargo de las pesquisas al presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, James Comer, en coordinación con los presidentes del Comité Judicial, Jim Jordan, y del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, todos ellos republicanos.
En un primer momento el legislador aseguró que iba a someter la apertura de la investigación al voto del pleno, pero las reticencias de algunos conservadores moderados le ha hecho tomar la decisión de forma unilateral, presionado por el ala más dura de su partido.
¿Cómo funciona el proceso de juicio político?
Llegado el momento, la Cámara Baja debe votar si presenta cargos contra el actual mandatario demócrata, pero la potestad de efectuar ese juicio político («impeachment») recae posteriormente en el Senado.
La Constitución otorga al Congreso la autoridad para someter a juicio político y destituir al presidente, vicepresidente y otros funcionarios federales por traición, soborno u otros delitos graves y faltas menores.
El proceso se inicia en la Cámara Baja con el voto sobre la presentación de cargos al aprobar una resolución de destitución por una mayoría simple de sus miembros. De aprobarse, pasa al Senado, donde las resoluciones al respecto deben conseguir el apoyo de dos tercios de los senadores presentes.
El Senado también tiene la autoridad para descalificar a la persona sometida a juicio para que no vuelva a ocupar un cargo federal en el futuro.
¿Qué posibilidades tiene de prosperar?
Los republicanos consiguieron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato del pasado noviembre y ejercen esa mayoría desde enero, con 222 de sus 435 escaños.
En el Senado los demócratas tienen 48 escaños y los republicanos 49, pero los tres senadores independientes son de tendencia progresista, por lo que la eventual destitución de Biden es un escenario poco probable. La decisión del Senado no puede apelarse en el Tribunal Supremo.
¿Qué precedentes hay?
El republicano Richard Nixon (1969-1974) dimitió antes de que la Cámara Baja votara en su contra por el escándalo Watergate y evitó así ser destituido por el Legislativo. Se mantiene como el único presidente en haber renunciado voluntariamente a su cargo.
La historia estadounidense acumula sin embargo cuatro casos de juicios políticos: uno al demócrata Andrew Johnson (1865-1869), otro al también progresista Bill Clinton (1993-2001) y dos al republicano Donald Trump (2017-2021). Todos ellos fueron absueltos por el Senado, que los consideró no culpables.
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