La Justicia francesa debe pronunciarse hoy sobre la situación del fundador de Telegram

París.- La detención del fundador y responsable de la plataforma de mensajería encriptada Telegram, Pável Dúrov, concluye este miércoles y la Justicia francesa debe decidir si presenta cargos en su contra, con o sin medidas restrictivas, o le pone en libertad.

Dúrov está investigado en un sumario que incluye 12 cargos relativos a la difusión por Telegram, que tiene cerca de mil millones de usuarios, de contenidos delictivos como narcotráfico, pornografía infantil o estafa.

La lista de delitos comprende complicidad en la administración de una plataforma en línea para permitir transacciones ilícitas de bandas organizadas, rechazo a cooperar con las autoridades compartiendo documentos o informaciones necesarias para evitar actos ilegales y complicidad en estafas y en tráfico de drogas, según detalló la Fiscalíla de París.

El multimillonario de origen ruso, de 39 años, fue detenido en la noche del pasado viernes al llegar en un avión privado al aeropuerto privado de Le Bourget, próximo a París.

Su detención fue prolongada por un máximo de 96 horas el pasado domingo por un juez.

Dúrov, que tiene también la nacionalidad francés y la Emiratos Árabes Unidos (EAU). Reside en Dubai, donde Telegram tiene su sede.

Tras la detención de su fundador y director ejecutivo, Telegram publicó un comunicado en el que aseguró que la plataforma «cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales» y que «su moderación se encuentra dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente».

«Pável Dúrov no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente por Europa. Es absurdo que una plataforma o su propietario sean responsables por los abusos en su plataforma», añadió el comunicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo que salir al paso el pasado lunes de la «información falsa» que ha circulado sobre este caso y aseguró que la detención de Dúrov «no es en absoluto una decisión política».

Macron añadió que las plataformas de mensajería y las redes sociales deben respetar «el marco establecido por la ley para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos».