La minería en el discurso del presidente Abinader

Este 27 de febrero de 2022, al conmemorarse el 178 aniversario de la Independencia de la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, pronunció ante la Asamblea Nacional el tradicional discurso de Rendición de Cuentas, en el que al referirse a la industria minera dominicana dijo lo siguiente, y citamos: “La actividad minera continuó siendo el rubro de mayor exportación del país. Alrededor del 20 % de las cifras totales de exportaciones corresponden a productos mineros. Entre enero y diciembre del 2021 solo de oro el país exportó más de 1,800 millones de dólares. Esta administración cree en fomentar una industria minera sostenible que opere con los más altos estándares del mundo, que garantice el medioambiente, la convivencia pacífica con las comunidades y que los recursos producidos sirvan para lograr una verdadera transformación en la vida de las familias que residen en estas zonas”.

Y lo primero que debemos destacar de estas palabras es que para la República Dominicana es imposible sustraer a la minería del diario debate de una creciente economía donde la minería ha sido uno de los 6 pilares fundamentales, junto con las remesas, el turismo, la construcción, las zonas francas y las telecomunicaciones, pilares que han sido los responsables de sostener un crecimiento económico del orden del 5 % anual que nos coloca entre los líderes a nivel regional, y sin la fragilidad del turismo, pues mientras el turismo colapsó fruto del encierro global durante el primer año de la pandemia del coronavirus, la minería se erigió como un sector resistente a la pandemia y capaz de aportarle al Estado dominicano el oxígeno económico requerido en un momento en que el gasto en salud aumentaba mientras las recaudaciones fiscales caían estrepitosamente por la paralización de casi todos los sectores productivos.

Sin embargo, más allá de esa innegable fortaleza que la minería le aporta a nuestra creciente economía, y que aparece destacada en el discurso del presidente de la República, está claro que el Estado dominicano y el propio sector minero han sido muy tímidos para defender a la minería de injustas críticas permanentes emitidas por ecologistas ortodoxos y por sectores sociales y religiosos que no entienden bien las operaciones mineras por no estar familiarizados, académica y operativamente, con las interioridades de la minera, y que mucho menos entienden bien la interacción entre la minería y el ambiente, pues si bien es cierto que a nivel local y a nivel mundial la minería ha cometido importantes errores ambientales, errores que hemos criticado públicamente en aras de que fueran corregidos, tal y como fueron corregidos, muchas veces la minería es señalada como responsable de todos los pecados ambientales de su entorno, y hasta se le etiqueta como amenaza ambiental, lo que nunca ha sido, cuando las verdaderas amenazas ambientales de hoy, a nivel puntual, son los plaguicidas y los pesticidas usados por nuestra industria agrícola, nuestros desechos sólidos urbanos, principalmente los plásticos, y nuestros desechos líquidos cloacales residenciales, y así aparece publicado en el más reciente estudio sobre contaminación ambiental global de suelos (Global assessment of soil pollution), el cual fue elaborado entre el Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mientras que a nivel global las principales amenazas son los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4).

Lo segundo que debemos destacar dentro de las palabras contenidas en el discurso del presidente de la República es que al decir, y citamos: “Esta administración cree en fomentar una industria minera sostenible que opere con los más altos estándares del mundo, que garantice el medioambiente, la convivencia pacífica con las comunidades y que los recursos producidos sirvan para lograr una verdadera transformación en la vida de las familias que residen en estas zonas” (fin de la cita), se reconoce implícitamente que las relaciones entre las empresas mineras, los gobiernos y las comunidades mineras no han sido las mejores, pues las empresas mineras siempre se han sentido obligadas a pagar tributos a los diferentes gobiernos, y los pagan, pero los gobiernos, al recibir esos tributos mineros los han utilizado para el gasto público general de la nación, incluyendo pagar sueldos de la administración pública, y han olvidado compartir esos tributos con las comunidades mineras, y evidentemente que las comunidades emplazadas al lado de una gran operación minera, pero que no reciben suficientes beneficios y servicios de esas operaciones mineras, terminan por objetar esa operación minera, y cualquier otra nueva operación minera que le propongan, pues dicen, con sobrada razón, que de esa operación minera es muy poco el beneficio recibido, y con tal de objetar esa operación minera argumentan que hay una severa contaminación ambiental minera que convierte el entorno en insostenible para la vida humana, aunque de manera curiosa las comunidades mineras crecen y crecen poblacionalmente, y nadie es tan arriesgado como para vivir donde su vida está en alto peligro.

Si queremos que las comunidades mineras sean las primeras en apoyar a la minería, y en defender a la minería, entonces el Gobierno y las empresas mineras deben ponerse de acuerdo en llevar hasta allí parte de los beneficios a través de: obras prioritarias, educación técnica, empleos de calidad, servicios de agua potable, energía eléctrica subsidiada,  buenos servicios de salud y pagos por servicios ambientales. El Gobierno y las mineras tienen la palabra.