La designación por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC), incluyendo su presidente, merece que reflexionemos, partiendo de los antecedentes de los magistrados recién incorporados a la matrícula de esa Alta Corte, sobre lo que ello significa para el TC, como pieza maestra del ajedrez de nuestro sistema político-constitucional y como garante último de los derechos fundamentales de las personas.
Salvo el hecho de que el CNM no designó candidatos a jueces de la jurisdicción contenciosa-administrativa -lo cual es vital en tanto el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado-, ni consensuó con la oposición magníficos candidatos como Namphi Rodríguez, satisfaciendo las expectativas de aquellos que, como este columnista, entendían que esta renovación parcial del TC era una excelente oportunidad que se le ofrecía al presidente Luis Abinader, como presidente del CNM y líder de la mayoría política al interior de dicho órgano, de dejar su impronta en la conformación y futuro de la jurisdicción constitucional especializada, las designaciones efectuadas permiten ser optimistas respecto a la consolidación de dicha jurisdicción.
La designación de Napoleón Estévez, un jurista, profesor, doctrinario, civilista, procesalista y constitucionalista, autor de varias obras sobre la ley de casación, las leyes de procedimiento civil y las garantías, y juez supremo a cuya pluma y pensamiento debemos decenas de precedentes claves en materia civil y del debido proceso y que llega a la presidencia del TC, dos años más joven que el más joven Chief Justice de la Suprema Corte estadounidense, John Roberts, augura un buen inicio de esta segunda etapa del TC.
Otra figura clave de la nueva composición del TC es Amaury Reyes, una de las cabezas mejor montadas del constitucionalismo dominicano, académico consagrado, autor de artículos especializados publicados en el país y en el extranjero, fino cultor de la teoría constitucional, del derecho constitucional comparado, del derecho procesal constitucional y de la filosofía del derecho, con amplia experiencia como letrado en el TC y como consultor y litigante.
A este magnífico cuadro se suma Fidias Aristy, en la sana tradición inaugurada por Ray Guevara, Gómez Bergés y Díaz Filpo, con experiencia jurídico-política y municipal y dos magníficas mujeres juristas: Sonia Diaz, luchadora histórica por los derechos y la democracia, y Army Ferreira, especialista en propiedad intelectual y procuradora adjunta en el Ministerio Público (2003-2022). Ambas fortalecen la participación femenina en la Alta Corte constitucional.
Entiendo que, con esta balanceada composición, deberíamos esperar una consolidación de la existente ala liberal del TC, que propugna por abrir al ciudadano las puertas de la Corte y fortalecer los derechos y garantías fundamentales, lógicamente, trabajando en los consensos del justo medio, a lo que obliga la supermayoría exigida constitucionalmente para las decisiones del TC y evitando, en lo posible, que los esfuerzos se diluyan en votos disidentes.
Aquí es crucial la noción de que la mejor justicia constitucional es la que asume la interpretación de la Constitución en base a la estrategia Luis Fonsi: “pasito a pasito, suave suavecito”. Como se construye una catedral (Carlos Santiago Nino), como se escribe una novela en cadena (Ronald Dworkin). Como una interminable obra colectiva, que se levanta en base al esfuerzo de los intérpretes que nos precedieron, de los actuales y de los que vienen.
