La nueva ley de tránsito

Nada más lejos de nuestro ánimo que desalentar las esperanzas puestas en la nueva Ley de Ordenamiento del Tránsito enviada para su promulgación al Poder Ejecutivo.   Mucho menos, sin conocer el contenido de la ley en su totalidad, sino solo las informaciones parciales que han ido salido en la prensa.

Por el contrario, en base a estas consideramos que es un trabajo serio y bien fundamentado, cuyo mérito principal recae sobre el diputado Tobías Crespo, gracias a cuya tenacidad y persistencia logró, al cabo de varios años de lucha, superar todos los escollos para lograr la aprobación de ambas Cámaras Legislativas para que se convirtiese  en ley.

Hasta ahora todo lo que se ha difundido lucen  medidas  que, de ser aplicadas, no solo mejorarían de manera significativa el caótico, costoso, obsoleto y desordenado servicio de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, sino que contribuirían también a reducir los accidentes de tránsito.

Este tema y sus funestas consecuencias en término de vidas humanas, daños materiales y perjuicios para el Estado ha sido una constante en el tiempo sin soluciones de continuidad.   Vale recordar las cifras que lo ilustran.  El año pasado, un promedio de seis muertos por día.  Miles de lesionados y una gran cantidad de accidentados con discapacidades que en no pocos casos,  no pueden ser corregidas y se convierten en permanentes.   Para las aseguradoras es un rubro de alto riesgo. Las pérdidas para el Estado se calculan en decenas de miles de millones de pesos cada año.  En adición, el estigma de ser considerado el segundo país del mundo donde es mayor la cantidad de muertes en proporción al número de accidentes vehiculares.

Obviamente todo cuanto contribuya a aliviar esa situación tiene que ser recibido con beneplácito, como es el caso de la nueva ley.  Esta abarca los más diversos aspectos que inciden en el tránsito: desde la centralización de los hoy dispersos y numerosos organismos relacionados con el mismo que darán paso al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre hasta regulaciones muy estrictas y específicas para la prestación del servicio de conchos y moto-conchos, en cuanto a la antigüedad de fabricación (casi un 60 por ciento datan de mas de veinte años, no pocos andan por los treinta y algunos ¡cuarenta¡),  condiciones mecánicas de los vehículos y cantidad de pasajeros que podrán transportar en cada viaje.

Ahora bien. Sobre lo que queremos llamar la atención es que la implementación de esta nueva ley que promueve transformaciones tan profundas y significativas va a encontrar una tupida madeja de intereses creados al amparo del desorden imperante hasta ahora.   Y estos tratarán por todos los medios de obstaculizar su aplicación.

Proyectar la idea de que la misma es promovida por de sectores empresariales como hacen los   transportistas tradicionales, como si ellos  no lo fueran, no pasa de ser una maniobra de distracción para desorientar y crear confusión. Una cortina de humo para seguir disfrutando de los privilegios que han gozado hasta ahora y que tan costoso le han salido al país y al Estado, a cambio de seguir manteniendo uno de los peores servicios de transporte público de la región.

Eso por un lado.  Por el otro, el hecho de que la efectividad de la pieza legal dependerá de su aplicación más estricta sin privilegios, exclusiones ni compadrazgos por parte de los actores encargados de velar por su cumplimiento. Los AMET haciendo el trabajo de campo sin abusos pero con firmeza; el órgano regulador en el plano administrativo y los tribunales imponiendo las sanciones de rigor a los violadores de sus normas.  Como elemento complementario pero indispensable, la colaboración de los propios ciudadanos.

Si lo logramos estaremos dando un grab paso de avance para beneficio de todos, en un servicio de tanta importancia económica, social y humana como es el transporte.