Próximo a cumplir el trigésimo aniversario de su fundación a instancias de un grupo de empresarios conscientes de que el progreso del país está estrechamente vinculado a contar una educación de calidad que permita disponer de un capital humano con alto grado de capacitación laboral, técnica y profesional y en cuya trayectoria ha canalizado importantes aportes del sector privado al sistema de enseñanza, la dirigencia de EDUCA plantea la necesidad de formalizar una alianza público-privada para impulsar la docencia nacional.
Al comparecer en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, los principales ejecutivos de la institución hacen una serie de valiosas observaciones y señalamientos de sana crítica sobre la situación del sistema educativo público, a partir de la aplicación del cuatro por ciento del PIB, a siete años de haber entrado en vigencia efectiva la ley que lo dispuso.
Durante ese período, el presidente de EDUCA, Samuel Conde, hace notar que el Estado ha invertido 18 mil 500 millones de dólares, al cambio actual casi un billón de pesos, en el sistema público de educación pese a lo cual aún persisten significativas debilidades que no han mostrado la mejoría que era de esperar ante tan importante aporte económico.
Cierto que se ha ampliado y mejorado la infraestructura física con la construcción y reparación de miles de aulas; dotado a los estudiantes de uniformes, libros y material escolar; elevado casi al doble el salario de los maestros al igual que el monto de las pensiones e incrementado los incentivos; establecido programas de superación a los docentes; implementado la tanda extendida si bien huérfana aún de adecuada cobertura de aprovechamiento en el horario de la tarde, entre otros cambios apreciables.
Pero pese a ello el nivel educativo continúa estancado casi en el mismo punto en que se encontraba al momento de poner en vigencia el cuatro por ciento. El fracaso persistente en las pruebas escolares, tanto en el plano doméstico como en las mediciones internacionales, sobre todo en las materias básicas como lecto-escritura y matemáticas, es una preocupante y persistente demostración de esa penosa realidad.
Es también reflejo y consecuencia en mayor medida del bajo nivel de preparación de la gran mayoría de los miembros actuales del magisterio, puesto en evidencia de manera reiterada, y más recientemente en el resultado del último Concurso de Oposición Docente, donde apenas menos de 3 de cada 100 lograron el nivel de “Excelencia”, y solo 20 de cada 100 pudieron pasar la prueba.
Son realidades que no se pueden ignorar ni pretender arropar bajo el manto del sindicalismo ejercido por la ADP. Su natural preocupación por mejorar las condiciones salariales y de vida de sus afiliados no va acompañada, sin embargo, en la práctica por el obligado e indispensable compromiso con la educación, frecuentemente interrumpida por la perniciosa práctica de suspender las clases. En tanto se resiste a aceptar la triste realidad de que la mayoría de ellos no dispone de los conocimientos ni de la vocación para impartir una docencia de calidad. Son sindicalistas, no educadores.
Justo que los maestros sean adecuadamente retribuidos. Pero ser maestro es mucho más que poseer un título que las más de las veces no se corresponde con el nivel de competencia requerida para la enseñanza. Sin buenos maestros imposible formar buenos alumnos. Tan elemental y sencillo como eso.
Elevar al máximo posible el nivel de los actuales del sistema que muestren interés, estén en disposición de ello y logren dar la talla, y formar una nueva generación de maestros que respondan a las necesidades de una auténtica educación de calidad es el reto que tenemos por delante y por donde hay que comenzar.
De lo contrario, continuaremos anclados en el punto de partida.