A tres lustros de la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, con un retraso de varios años en el área de salud por las prolongadas trabas iniciales que representó el poder armonizar los intereses en pugna de los distintos intervinientes en la misma, el balance sobre los resultados de su aplicación apelando a un lugar común es de luces y sombras.
Ciertamente ha registrado fallas, de seguro mucho más que las previstas y deseables, en estos quince años de ejecución. Imperdonable no admitirlas y abocarse a tratar de corregirlas. Pero sería incurrir en exceso de pasión, ingenuidad o ceguera pretender que desde el principio, sin previa experiencia, salvo la muy cuestionable del IDSS, pudiera funcionar a la perfección. Lo cierto es que gracias a la misma, una gran cantidad de usuarios ha recibido atenciones de salud de que antes carecían así como otros beneficios que le han sido provistos por el sistema.
Por lo pronto ha quedado en el camino la meta inicial propuesta de haber dado cobertura al total de la población para el año 2010; a estas alturas, un tercio de la misma se encuentra todavía al margen de su amparo. La dificultad principal estriba en hallar la fórmula para poder integrar al llamado sector informal. En distintas ocasiones ha circulado, aunque de manera extraoficial, la versión de que se estarían dando los toques finales a un procedimiento especial que permitiría incorporar a esos más de tres millones de dominicanos a las áreas de salud y pensiones.
Pero hay otros aspectos pendientes de solución. Semanalmente sostenemos un encuentro con especialistas del Departamento de Información y Defensoría de la Seguridad Social (DIDA). Todos dispon un amplio y profundo conocimiento del sistema y las leyes asociadas, fruto del permanente e intenso entrenamiento que reciben. Vale significar que la creación de la DIDA es una innovación y que ningún otro sistema de seguridad social en el mundo cuenta con un organismo similar que represente los intereses de los afiliados. La eficacia de los servicios que presta la evidencia el hecho de que su récord de solución de las quejas y denuncias que recibe supera el 98 por ciento.
Estos encuentros han permitido airear varios de los principales problemas y lagunas que presenta sistema. Algunos de los más frecuentes: la necesidad de garantizar el mantenimiento del seguro de salud al trabajador al momento de ser pensionado, a la edad en que más lo necesita; de igual modo, restablecer el seguro de salud para los empleados de organismos autónomos del Estado que disfrutaban del mismo hasta que pasaron a cobrar sus pensiones por vía del Ministerio de Hacienda e incluir en la cobertura de salud a los padres del afiliado dentro de su propio seguro, sin necesidad de pago adicional.
Pero hay también un elevado número de denuncias por exigencia de cobros indebidos en emergencias, pese a que la ley establece la asistencia gratuita y la obligación de estabilizar a los pacientes. Frecuentes también los casos de negación de procedimientos que figuran en el manual de prestaciones. Ha habido resistencia por parte de varias ARS para dar cumplimiento a las últimas resoluciones del Consejo, aprobadas el pasado año y ratificadas el presente, aumentando de 3 mil a 8 mil pesos anuales la cobertura por medicamentos; de igual modo, a cubrir la totalidad del monto integral de las enfermedades de alto costo. Esas negativas comportan sanciones a ser aplicadas por la Superintendencia de Salud (SISALRIL). De esperar que, agotada la previa gestión diálogo, esta proceda con la energía requerida para exigir el cumplimiento de dichas resoluciones.
De importancia capital es la urgente necesidad de motorizar la creación de los centros de atención primaria. Se estima que el ochenta por ciento de las enfermedades pudiera ser resuelta en las unidades de primer nivel, evitando la sobrecarga que representa al presente el hecho de que la mayor parte de los pacientes acudan a los hospitales y las especialidades, con una innecesaria y onerosa sobrecarga de gastos que afecta seriamente el equilibrio financiero del área de salud del sistema. Obviamente será preciso que la asistencia primaria cuente con personal médico competente y equipamiento adecuado para garantizar una asistencia de calidad, siempre teniendo como prioridad la salud de los asegurados.
En cuanto al área de pensiones, en reciente entrevista televisiva con Rafael Albuquerque, quien dispone de amplios conocimientos sobre el tema, este expresó honda preocupación por la futura sostenibilidad de la Seguridad Social.
El ex vicepresidente, quien anteriormente desempeñó la Secretaría de Trabajo por espacio de una década, advierte que dentro de quince años es cuando el sistema tendrá que soportar financieramente la primera oleada de solicitudes de pensión por edad (60 o más años) y cantidad de cotizaciones aportadas (360 equivalentes a 30 años de servicio). A partir de ese momento, de año en año, será también crecida la cantidad de trabajadores que califiquen para pensión por esa misma razón al cumplir con los requisitos exigidos.
Pero…¿qué pensión recibirían los asegurados? Albuquerque también llama la atención sobre este punto. Debido a la gran cantidad de asegurados que reciben un ingreso reducido, la proyección será de apenas cinco o seis mil pesos mensuales a valor presente, suma que para ese entonces tendría una capacidad adquisitiva muy inferior, que no daría siquiera para cubrir el costo mínimo de los medicamentos requeridos a una edad en que resulta mayor consumo. Surge por consiguiente la necesidad de aumentar la rentabilidad de los fondos aportados por los trabajadores.
Recientemente se ha estado discutiendo la reducción a la mitad del porcentaje de comisión que reciben las AFP. Sin embargo, a la luz de un cálculo matemático de primera mano, parecería que el incremento que representaría para el patrimonio de los asegurados sería poco significativo; en todo caso insuficiente para proveer en el futuro pensiones de mayor monto a los asegurados por lo que será necesario abocarse a la búsqueda de fórmulas más promisorias que ofrezcan la oportunidad de un incremento superior
En este sentido luce alentadora la posibilidad de aumentar el rendimiento de los fondos del sistema, colocando parte de los mismos en inversiones más atractivas que al mismo tiempo contribuyan al desarrollo de la economía y a la creación de nuevos empleos en beneficio de la propia clase laboral ociosa. Es una propuesta que merece ser evaluada, siempre bajo la base de garantizar al máximo las inversiones a cubierto de riesgos temerarios.
Durante la recién pasada campaña electoral, el hoy presidente del Senado por nueva vez, Reinaldo Pared Pérez, adelantó que en la agenda del gobierno para este nuevo período figura actualizar e introducir las modificaciones necesarias a la ley de Seguridad Social.
Es una tarea que por su complejidad exigirá un trabajo actuarial minucioso, llevado a cabo con el más riguroso criterio profesional por reconocidos expertos. En el país contamos con algunos muy calificado; entre estos, por citar dos casos, el propio Albuquerque y Arismendi Díaz Santana, quien además de sus conocimientos en este campo dispone de la valiosa experiencia acumulada en la gerencia de la primera etapa de vigencia de la ley. Si fuera necesario algún refuerzo internacional, el nombre de Carmelo Mesa-Lago, quien disfruta de un amplio reconocimiento a nivel mundial en este campo, proporcionaría un valioso aporte.
A partir de sus conclusiones, el resto correría por cuenta del Congreso para aprobar las modificaciones sugeridas siempre al margen de presiones e intereses sectoriales. Con amplio control de ambas Cámaras Legislativas por el partido de gobierno y seguramente sin que la oposición pusiera obstáculos, no habría motivos válidos que sirvieran de excusa para dilatar su aprobación.