La SIP critica un proyecto en Perú para aumentar las penas por difamación

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de «retroceso peligroso» para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital una iniciativa legal en Perú que aumenta las condenas por los delitos de difamación cometidos a través de medios de comunicación y en redes sociales.

«Lamentamos que Perú siga buscando caminos contrarios a la tendencia internacional y la jurisprudencia interamericana de descriminalizar los delitos de difamación», dijo Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

El Proyecto de Ley 2862-2022-CR, aprobado el 14 de marzo en la Comisión de Justicia del Congreso de Perú, incrementa las penas de cárcel por delitos de difamación y calumnia de tres a cuatro años.

Las multas a medios y periodistas y a redes sociales y sitios de internet pasan de 30 a 90 días.

Es un «retroceso peligroso para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital», opinó Greenbspon.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó su sorpresa que Perú esté avanzando peligrosamente contra la libertad de expresión en el espacio digital.

El director periodístico del diario argentino La Voz del Interior recordó lo expresado por la Declaración de Salta en su artículo 3: «Los Gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio.

«Asimismo, los Gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad».

La SIP, a través de su Proyecto Chapultepec, comenzó hace tres décadas una campaña en contra de la penalización de la injuria y la calumnia, delitos que muchas veces invocan los políticos y personas públicas para acallar las investigaciones periodísticas.

La campaña tuvo eco en numerosos países que terminaron por despenalizar los delitos de difamación para favorecer un mayor clima de libertad de prensa.

Entre esos países figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay.

Greenspon y Jornet instaron al Congreso peruano a retirar el proyecto de ley y le recordaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualiza que «la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles».

Los directivos de la SIP insistieron que en estos casos se debe establecer proporcionalidad en las indemnizaciones para evitar cifras exageradas que puedan inhibir al periodismo y afectar la libertad de prensa.

Es la segunda vez que la SIP muestra preocupación por Perú en una semana. Días atrás se pronunció en contra de un proyecto de ley que establece la colegiación obligatoria, un asunto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dijo en 1985 que era una violación a la libertad de prensa y al derecho de libre asociación.

La SIP es una organización sin fines de lucro con sede en Miami y dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones.