Karl Popper, influyente pensador liberal del siglo XX, escribió durante la Segunda Guerra Mundial su trascendente y controversial obra La sociedad abierta y sus enemigos, la cual fue publicada en Londres en 1945. Concebida como una defensa a la democracia liberal, Popper hace en esta obra una crítica a las corrientes de pensamiento que, desde Platón a Marx, contienen, según él, las bases del totalitarismo. Por supuesto, los problemas a partir de los cuales este autor construye su reflexión teórica eran muy distintos a los de hoy, pues la época en la que creció estuvo marcada por los regímenes totalitarios del nazismo y el estalinismo.
El título de esta obra de Popper, sin embargo, recoge muy bien los problemas y desafíos que viven las sociedades democráticas, abiertas y libres ante las amenazas del terrorismo provenientes de un islamismo integrista, radical y violento –yihadista para usar el término en boga- que le ha declarado la guerra a Estados Unidos y Europa. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 llevados a cabo por la red terrorista Al Quaeda en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos hasta los más recientes ataques perpetrados en París por la organización Estado Islámico, se ha puesto de manifiesto cuán difícil es mantener a raya a estas organizaciones que recurren al terror y la violencia a través de impredecibles e incontrolables atacantes suicidas contra poblaciones civiles indefensas que llevan a cabo sus vidas de manera normal y pacífica en disfrute de las libertades que les ofrecen estas sociedades.
Estas amenazas del islamismo radical y extremista no son ya rarezas que suceden de manera aislada, sino hechos coordinados de manera sofisticada con pretensión de mantener constantemente bajo zozobra a las poblaciones de las sociedades occidentales, especialmente de Estados Unidos y Europa. Esto, por supuesto, plantea el enorme reto de cómo conciliar el respeto a los derechos y las libertades de las personas con políticas eficaces de parte de los Estados para prevenir esos ataques y garantizar la seguridad de sus poblaciones. Esto es ¿cómo se hacen las sociedades abiertas para defenderse de sus enemigos, parafraseando a Popper?
El hecho cierto es que la democracia liberal, para poder sobrevivir, tiene que encontrar las herramientas para protegerse de esos enemigos. Si no lo hace se producirían prácticamente todos los días hechos como los de París. No hay soluciones fáciles a este enorme desafío. Luego de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos adoptó políticas que fueron duramente criticadas tanto internamente como alrededor del mundo, pero hay que entenderlas en el contexto de esa fatídica fecha y las imágenes dantescas de las Torres Gemelas consumiéndose en fuego a la vista de todos. Entre esas políticas controversiales estuvieron la redefinición de la tortura –se dio como válida la técnica del asfixie casi total bajo agua en los procesos de interrogación-, la elaboración del concepto de “combatientes irregulares” para no reconocer los derechos propios de los combatientes de guerra según el Derecho internacional, así como los amplios poderes discrecionales de las autoridades para escuchar y grabar llamadas telefónicas. Algunas de estas políticas fueron eventualmente declaradas inconstitucionales por los tribunales de justicia, pero en cualquier caso lo que esto pone sobre el tapete es la vieja cuestión del constitucionalismo liberal de cómo armonizar la libertad con la seguridad, ahora en un contexto verdaderamente complejo.
Tras los ataques de París el presidente francés Francois Hollande ha emitido declaraciones verdaderamente fuertes, aunque perfectamente entendibles, en respuesta a ese día de terror que vivió la llamada ciudad de la luz. Hollande ha dicho, por ejemplo, que erradicarán las mezquitas de los imanes radicales y que propondrá enmiendas a la Constitución para poder despojar de la nacionalidad francesa a quienes, teniendo doble nacionalidad, constituyan una amenaza a la seguridad de Francia, aun hayan nacido en ese país. Ha declarado, además, el estado de emergencia para tener más poderes en la búsqueda de los responsables de los hechos del viernes 13, todo lo cual planteará serias discusiones a la luz de los derechos y las libertades que la Constitución francesa reconoce a sus ciudadanos.
Por supuesto, no es deseable bajo ningún concepto que estas sociedades libres y abiertas comiencen a operar en condiciones de cuasi-excepción, lo que indiscutiblemente pondrá en entredicho de manera cotidiana los derechos y las libertades de las personas propias del constitucionalismo liberal-democrático. Pero mucho menos es deseable o aconsejable que, en nombre de la libertad, estas sociedades no sean capaces de contar con las herramientas eficaces para evitar lo más que se pueda la repetición de ataques como los ocurridos en París. Si no lo hace, los propios pueblos, ante la sensación de inseguridad y desorden, comenzarán a alinearse con corrientes políticas que, aún en el marco de la competencia democrática, promueven la intolerancia, el odio, la discriminación y formas autoritarias de poder, lo que terminará socavando aun más las libertades públicas.
Hay que reconocer que, inevitablemente, en estas sociedades libres y abiertas habrá que aprender a vivir con un grado de inseguridad y vulnerabilidad, pues las libertades que ellas ofrecen son perfectamente aprovechables por los terroristas de todo tipo, esta vez por el islamismo radical que le ha declarado la guerra santa a Occidente. A la vez, hay que reconocer que las sociedades occidentales, Estados Unidos y Europa especialmente, están bajo una amenaza difícil de contener o erradicar al menos en el corto plazo, por lo que será necesario reconocer que estos Estados deberán usar políticas y herramientas que en circunstancias normales serían totalmente inaceptables. La cuestión está en cómo hacerlo, es decir, cómo fortalecer legalmente a los Estados en su lucha contra el terrorismo sin que se desnaturalice el diseño institucional y los derechos fundamentales de las personas consustanciales al constitucionalismo liberal-democrático.
