No he visto individuo más fino e inteligente que un estafador. O una estafadora. Ni he visto personas pueblerinas, como yo, que al llegar a esta jungla que llaman capital o a cualquier otra ciudad menos tormentosa que un campo abandonado a su suerte, no hayan sido víctimas de las argucias de estos ladrones estilizados. Aunque con tres décadas recorriendo estos caminos escabrosos y me suponía “más chivo que una guinea tuerta”, el más reciente que me ha tocado data de un diciembre de hace solo siete años.
Me urgía una vivienda de alquiler. Había muchas por todas partes, pero a precios inalcanzables para mis ingresos. Un familiar me telefoneó para informarme la buena nueva. Había visto la perfecta para mí, cuando husmeaba en los clasificados de un diario: cuatro habitaciones, sala inmensa, doble marquesina, cocina amplia, patio como un estadio, verja perimetral… Requisitos: tres depósitos de RD$4,000 y 4,000 mensual. Ubicación: cerca del club de los legisladores y de la residencia de una autoridad judicial, en Santo Domingo Este, a unos pasos del malecón.
Lo primero fue llamar a la persona de referencia: un hombre. Un tipo de cinco pies y unos 55 años, se me presentó a casa como intermediario de una señora cuyo esposo era un empresario instalado en Sosua, Puerto Plata.
Ella no tardó en llamarle por teléfono y ordenarle que me acompañara de inmediato a ver el inmueble. Adelantó que estaba en proceso de pintado, pero que podía ir a verla para luego proceder a los trámites legales. Eso hicimos. A nuestra llegada, dos treintones daban los toques finales al mantenimiento y, al vernos, se pusieron a disposición para mostrarnos cada rincón. Todo perfecto.
A seguidas apareció la dama, para el papeleo correspondiente. Tenía que ser rápido –advirtió–, pues partiría a su comunidad, Gaspar Hernández, muy cerca de Sosua, donde su marido tenia otras propiedades.
Procedimos a visitar a un abogado de apellido Féliz, recomendado por ella. Las oficinas estaban –o están— muy cerca, frente a un tribunal del área. Me pidieron la cédula; ella entregó la suya y la del empresario propietario, su esposo. Entregué la porción de mi salario trece y firmé los documentos correspondientes. El abogado recibió y se la pasó a ella. Ella me pidió dos días para entregar la vivienda remozada. Elegante y jovial, con acento boricua aunque dijo que era cibaeña, se marchó en el camry verde oscuro que le esperaba a 25 metros.
Pocas horas después, su teléfono ni siquiera timbraba. El abogado alegó que “ya hice mi trabajo”. Volví a la vivienda que habitaría y ya no había pintores. Estaba cerrada con candados. Alguien me comentó que los dueños viven en Nueva York.
Desesperado, aunque tardío, busqué en Internet los nombres de la dama veinteañera, de piel clara y pelo rizado, y del empresario de Sosua. Por ella salió la cara de un joven mulato; por él, la cara de hombre de tez clara quien, luego de rastrearlo, alegó por teléfono que era un médico con clínica de cirugía estética en Arroyo Hondo. Me repitió que había perdido su cartera y otros documentos y que se habían presentado casos similares al mío. Con tono recio advirtió que más nada tenía que aclararme sobre el particular. No dio la cara. Asistí a la sede de la Policía y formalicé la denuncia. Aún espero aunque sea una llamada de aliento.
No hay presa más fácil que un inmigrante de una comunidad olvidada. Más si es un excluido. Porque un pobre de pueblo es doblemente pobre: por la altísima concentración de las riquezas en las urbes, que lo priva de acceso a una vida digna, y porque llega a la gran ciudad desprovisto de las artimañas necesarias para sobrevivir donde la ley, el orden y la educación doméstica no son referencia.
Por ello no me sorprende que pacientes humildes y sus familiares hayan sido timados por un falso cirujano que, según parece, hizo su Navidad (y quién sabe si su Semana Santa y su carnaval y su Día de las Madres) en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, de la provincia Santiago, segunda capital de la República. Y por eso no los culpo, ni los asumo como causa del problema.
¿Quién no buscaría el dinero que sea si un médico, blindado con su bata y su carné, sale de la emergencia y le anuncia compungido que a su pariente le han dado 160 puntos de sutura en la cabeza y que podría morir?
Lo del “cirujano” del Cabral y Báez solo es una versión actualizada al siglo XXI de los buscones de pacientes en emergencias de hospitales públicos para derivarlos a clínicas y laboratorios que los mismos médicos y auxiliares estatales, cuando no amigos, instalan para enriquecerse. El traumatológico Darío Contreras ha sido escenario de esas crueldades.
O la otra cara de ciertos médicos delincuentes de clínicas privadas que impresionan a pacientes y familiares con dramas trágicos dignos de los mejores teatros del mundo. Son expertos en inventarse diagnósticos sobre “enfermedades catastróficas” que, sin embargo, ellos podrían resolver de cuajo si aparece rápido mucho dinero.
En mi experiencia como reportero para el área de salud, en la primera época de El Siglo (segunda mitad de los ochenta del siglo XX), aprendí mucho de los ladrones de hospitales y demás estafadores. Sobre todo que engañan a cualquiera y, como cualquier otro estafador de la calle, casi nunca actúan solos.
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