Las acusaciones que pesan sobre los imputados de recibir sobornos de Odebrecht

SANTO DOMINGO.- Durante todo el juicio de fondo en el caso Odebrecht, el Ministerio Público acusó a los seis implicados de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito por haber recibido dinero de la constructora a cambio de asignación de obras del Estado a la empresa brasileña.

¿Cuáles son esas acusaciones y cuáles pruebas les fueron rechazadas al órgano acusador?

El juicio que se conoció en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público presentó acusaciones contra los seis implicados.

El órgano acusador logró que el tribunal les admitiera más de 1,200 pruebas documentales y el testimonio de 21 testigos, desde que comenzaron la presentación de su oferta probatoria el 8 de enero de 2021; lo que no lo logró la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)  fue que le acogieran las delaciones premiadas.

Las traducciones de los acuerdos de lenidad y culpabilidad, a través de los cuales la constructora Odebrecht admitió el pago de los 92 millones de dólares en sobornos,  nunca fueron depositados a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia ni fueron notificados a las partes, por lo que no fueron incorporadas en el juicio.

Las delaciones premiadas que el Ministerio Público pretendía incorporar como medio de prueba,  carecían  de sellos oficiales del Ministerio Público Federal de Brasil, código de lectura de barra, apostillas y notarizaciones legales, requisitos considerados vitales para que puedan ser admitidas en el juicio de fondo.

Las defensas de los  acusados habían solicitado que las delaciones no entraran al debate por considerarlas pruebas viciadas, obtenidas de manera ilegal.

Contra Ángel Rondón, el órgano acusador presentó al tribunal que  constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito.

Planteó el ministerio público que el imputado, como parte de sus actividades para el lavado de activos, realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas. Indicó que los vínculos políticos y sociales de Rondón le permitían realizar las transacciones y las conexiones necesarias para la obtención de las obras.

En ese contexto, sostuvo el Ministerio Público  que Odebrecht pagó sobornos en el país. En su momento Wilson Camacho cuestionó al tribunal “cómo esos sobornos salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas; cómo fueron a un banco, el Bahamas Meat Bank, que Odebrecht compró para pagar sobornos, cómo ese dinero fue a Clean First, que es una offshore que Odebrecht utilizó para pagar sobornos y cómo el dinero de Clean First vino a empresas de dominicanos, como es el caso de Conansa y Lashan, que son dos empresas de Ángel Rondón Rijo”. 

El Ministerio Público incorporó al juicio  la homologación del acuerdo entre República Dominicana y Odebrecht, en el que la empresa testifica que pagó sobornos en el país por unos US$92 millones, donde se señaló que esos sobornos fueron pagados a funcionarios y personas vinculadas a las esferas de poder.

En aquel momento el juez Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y Odebrecht, basado en que se precisa un “requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica” que “el procedimiento escogido”.

 El magistrado Vargas, en ese entonces  juez de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió sobre los archivos definitivos de los expedientes de Ruddy González, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Temístocles Montás, Máximo D’Oleo, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos y César Sánchez.

Dijo que el archivo definitivo «nunca existió». El argumento de Vargas se sostiene en que el Ministerio Público no notificó en el plazo establecido a una de las partes querellantes sobre su intención de archivar los expedientes de ocho imputados

Contra Rondón se afirma que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos cuantiosos en en pesos y dólares por RD$983,682,226.57.

Asimismo, que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos, comprende unas 30 empresas en la República Dominicana y en el extranjero.

A  Víctor Díaz  Rúa, se  le imputan los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

Tommy Galán explicó, durante el juicio de fondo que su crecimiento patrimonial se produjo cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

Jesús Vásquez. Según evidencias presentadas por la Procuraduría, su esposa, un hijo y él mismo recibieron de la empresa ARMA S.A., a la cual vinculan a Rondón, RD$2,169,000 entre 2007 y 2009. Se hace referencia a su patrimonio.

De Andrés Bautista en la acusación de afirma que de 1994 al 2004 su patrimonio inmobiliario se incrementó en 668 % y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.

Conrado Pittaluga, dice el Ministerio Público que es testaferro de Díaz Rúa, firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Afirma que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.

Roberto Rodríguez, el primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009 a través de una cuñada. Describe además productos financieros.

Al hablar ante el tribunal , Ángel Rondón aseguró que el exprocurador Jean Alain Rodríguez le ofreció acuerdo para acusar al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El 24 de noviembre Díaz Rúa,  cuestionó que no se incluyera en caso Odebrecht al exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Ese mismo día Andrés  Bautista, ante el tribunal acusó a Danilo Medina y a Jean Alain Rodríguez de implicarlo por asuntos políticos.

El 04 de diciembre la  Procuraduría interrogaó a Temístocles Montás, quien fue uno de los  favorecidos con archivo definitivo de expediente

El 10 de diciembre, los  abogados de Ángel Rondón informaron que presentaron una denuncia ante el alto comisionado de la ONU por considerar que el tribunal que conoce el caso de corrupción le ha violentado el derecho de defensa a su cliente.

La Pepca, indicó al tribunal  que cumplieron la promesa que hicieron a los dominicanos  de que presentaron pruebas suficientes para obtener condena contra los seis imputados.

El órgano acusador solicitó sentencias de  de diez años contra Rondón y Díaz Rúa; siete años contra Pittaluga y cinco para Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista.