Gobierno de Puerto Rico convierte en ley una medida que prohíbe baños inclusivos o mixtos
La normativa afecta a todas las agencias públicas, incluyendo la Universidad de Puerto Rico.
La ley baños inclusivos Puerto Rico prohíbe baños mixtos y establece multas para agencias públicas.
San Juan.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, convirtió este miércoles en ley una medida que prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, en un nuevo paso para recortar derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el archipiélago caribeño.
La llamada 'Ley para la Regulación de Espacios Sanitarios Públicos del Gobierno de Puerto Rico' exige contar con baños múltiples divididos conforme al sexo biológico, es decir, "para mujeres y para hombres".
La medida es cónsona con la Orden Ejecutiva 14168 promulgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Marco normativo y regulaciones de los baños
La ley establece un marco normativo uniforme aplicable a todas las agencias, dependencias y corporaciones públicas, incluyendo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el objetivo de regular el uso y la designación de servicios sanitarios de ocupación múltiple.
Asimismo, la norma exige que los baños dispongan de asistencia para personas con diversidad funcional, de edad avanzada o menores de edad. Con la nueva ley se requerirá la rotulación e identificación clara de los sanitarios por sexo biológico, así como la identificación de los baños asistidos o familiares.
Cada incumplimiento conlleva una multa administrativa de 5,000 dólares, hasta un máximo de 15.000 dólares. El dinero recaudado se destinará al Centro de Ayudas a Víctimas de Violación (CAVV), adscrito al Departamento de Salud.
Reacciones y contexto político
La Federación LGTBIQ+ de Puerto Rico denunció la aprobación del proyecto que prohíbe los baños inclusivos en dependencias gubernamentales. Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, aseguró que “es inaudito y un atropello a la democracia que la Cámara apruebe una medida sin permitir participación de las entidades opositoras”.
El Gobierno local aprobó en mayo de 2025 la Ley 14-2025, que estableció el Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, dando potestad a los funcionarios a negar servicios a ciudadanos según sus creencias religiosas.
La Ley 26-2026 es de la autoría de la representante Lisie J. Burgos y coautoría de los representantes José F. Aponte, Ensol Rodríguez, Wanda Del Valle, Carmen Medina, Omayra Martínez, Emilio Carlo, Fernando Sanabria, Edgar Robles, Jorge Navarro y Sergio Estévez.
El objetivo de la Federación LGTBIQ+ de Puerto Rico, compuesta por cientos de personas y más de un centenar de entidades comunitarias, es buscar la equidad en el archipiélago.