SANTO DOMINGO.- Como un avance para fortalecer la lucha contra la corrupción y lavado de activos fue calificada la aprobación de la controversial Ley de Extinción de Dominio que busca que el Estado adquiera los bienes de procedencia ilícita, para miembros de la sociedad civil las autoridades deben velar por su aplicación y cumplimiento una vez entre en vigencia.
La aprobación de la Ley de Extinción de Dominio viene a poner un freno a la «especie de Cultura de corrupción que vive en el país», consideraron este miércoles miembros de la sociedad civil.
Para Participación Ciudadana y el Consejo Nacional de Confraternidades el Estado debe crear los mecanismos para el cumplimiento de esta Ley y revisar aquellos aspectos que pudieran chocar con la Constitución.
El artículo No. 6 de la Ley establece que serán considerados como hechos susceptibles a extinción de dominio de los bienes aquellos que procedan de estafa contra el Estado, desfalco, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; soborno trasnacional; entre otros.
El artículo 28 de referida ley establece que el Ministerio Público podrá iniciar la acción como consecuencia de la interposición de una denuncia, siempre que existan suficientes motivos y circunstancias fácticas que lo justifiquen.
Los aspectos más controversiales de la ley y que fueron modificados antes de su aprobación está la eliminación de la retrospectividad con lo cual no se podrá perseguir los ilícitos del pasado, la presunción de inocencia quedó estipulada y se eliminó el artículo que beneficiaba a las personas que denunciaron actividades de procedencia ilícita.
