El borrador del proyecto de Ley de Prensa cuyas consultas se están realizando adolece de pretender sobre-legislar asuntos de prensa y libertad de expresión sobradamente tutelados por la Constitución y los códigos Civil y Penal, especialmente sobre la responsabilidad de propietarios y directivos de medios en casos de injurias o difamaciones, que asesinan honras ajenas destruyendo un bien intangible, protegido como la vida y la propiedad.
El ataque a la integridad de la honra y la reputación, de personas públicas o privadas, no debe sancionarse con simple multa o resarcimiento dinerario. Ello equivale a poner precio al buen nombre y prestigio ajenos, peor cuando propietarios o directivos de medios evadan su responsabilidad civil y penal atribuyéndola a un subalterno remunerado.
Decidir qué se publica y qué no, no constituye censura sino el ejercicio de la obligación deontológica, ética y moral de propietarios y directivos de aplicar el criterio antes de que se produzca la publicación. Eliminar el carácter penal de la difamación permitirá agresiones mediáticas con meras consecuencias pecuniarias, que no disuaden del grave ilícito.