Quizás haya sido simple coincidencia pero queda latente la idea por no decir sospecha de que el anuncio por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de que se procederá a la licitación de las principales rutas de pasajeros del transporte público en el Gran Santo Domingo es la respuesta contundente que da el gobierno al fallido intento de huelga general de este miércoles, donde Juan Hubieres figuró como cabecilla principal.
Por lo pronto, le daría donde mas le duele, en tanto una de las rutas mas usadas y codiciadas, la 27 de Febrero, que figura entre las que serán licitadas, es operada de manera mayoritaria por la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO).
Especulaciones en este sentido al margen, hay que recordar que las rutas son propiedad del Estado, otorgadas en concesión a las empresas y grupos de transportistas. El requisito de ley es brindar un servicio de transporte seguro y de calidad. Innecesario aportar pruebas de la reiterada y en muchos casos grosera violación de dicha norma por parte de los transportistas, amparados en la impunidad que les ha brindado la tradicional tolerancia de los gobiernos frente a sus desmanes y exigencias.
No obstante pertenecer al Estado, las rutas han sido explotadas por los propios grupos de transportistas que las han asignado de manera medalaganaria exigiendo elevadas sumas para permitir a un chofer brindar servicio en las mismas. Los precios han variado dependiendo de su importancia y afluencia de pasajeros desde doscientos cincuenta y trescientos mil en adelante.
Hace algunos años, mi desaparecido compañero de labores, el veterano periodista Ramón Reyes, llevó a cabo una investigación al respecto. Haciéndose pasar por un chofer público solicitó poner a trabajar su vehículo en la ruta de la Abraham Lincoln. Para concederle el permiso le pidieron nada menos que un millón de pesos. Sería interesante conocer adonde van a parar esos fondos.
La licitación de las rutas es un paso lógico y necesario. Si realmente hay un interés firme en poner orden en el caótico y pésimo sistema de transporte público que nos gastamos caro, incómodo, sucio e inseguro, tenemos que empezar por poner la casa en orden y hacer valer el imperio de la ley, comenzando por exigir de los concesionarios brindar un servicio eficiente y sin interrupción, incluyendo no mas “paros sorpresa”.
Estos no solo quebrantan los requisitos establecidos sino que constituye un insultante, abusivo y grave perjuicio para los usuarios que no pueden quedar sometidos a los caprichos ni exigencias de ningún transportista. Una cosa es programar y anunciar una huelga, ejerciendo un derecho legalmente reconocido y otra bien diferente interrumpir y suspender el servicio de manera inesperada sin previa advertencia.
Ahora bien como la directora del INTRANT reconoció y hay muestras fehacientes de ello, ese organismo carece de mecanismos de compulsión para aplicar la ley en casos de rechazo o incumplimiento de la misma, es preciso que el Gobierno asuma, sin temor ni vacilación, el compromiso de poner a su disposición todo el peso de su autoridad para hacerla valer.
Esperemos que así sea y que al fin la población pueda disponer del servicio de transporte público de que es merecedora y que hasta ahora se le ha negado.