Félix Portes
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado penalista Félix Portes llama la atención del alto nivel de complicidad y de incompetencia que debió haber en las instancias gubernamentales para que las distribuidoras farmacéuticas Yomifar Guifar y Jones supuestamente sirvieran a la población medicamentos con la información de sus etiquetas adulterada.
Bajo el título “lo más grave”, Portes resalta que incluso organismos estatales encargados de velar por la calidad de los productos que recibe la población hayan comprado y distribuido esta mercancía. Los responsables deben también estar en la cárcel, sostiene.
A continuación su opinión:
Lo más grave
El dirigente reformista José del Carmen Cruz, propietario de las distribuidoras farmacéuticas Yomifar, Guifar y Jones fue arrestado durante un allanamiento por alegadamente alterar y falsificar el etiquetado de medicamentos mediante la colocación de fechas vigentes a los vencidos.
Lo más grave no es que el arrestado sea un prominente dirigente político, ni que personas fueron estafadas al comprar ingenuamente medicamentos vencidos y mucho menos que talvez personas hayan muerto por su uso. Lo más alarmante es que las autoridades llamadas a protegernos de tales actos eran cómplices o peor aún, que su responsabilidad esté más comprometida que la del arrestado.
Es preciso recordar que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social son responsables de la inspección y vigilancia de los establecimientos farmacéuticos y organismos sanitarios. Por tanto, la complicidad es evidente toda vez que no se explica que una persona con un contrato con el Programa de Medicamentos Esenciales/ Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) por cien millones de pesos con una estructura comercial dedicada a falsificar medicamentos operara abiertamente, desapercibida por las autoridades de Salud Pública y la DNCD.
El volumen de los negocios de las tres empresas lleva a cualquier persona presumir que esta gran operación de falsificación de etiquetados debió ser detectada por las autoridades ya que “lo grande hasta Dios lo ve”.
Sin embargo, lo más grave no es lo antes referido, sino que el producto era vendido a las autoridades obligadas a supervisar y fiscalizar el mismo y esta misma autoridad lo aceptaba como bueno y válido. Esto es tan inaudito y sorprendente como que le vendan pistolas de agua a la Policía Nacional y que sean compradas y aceptadas como reales por este organismo, el cual es llamado ser un experto en la materia.
Así las cosas, no hay un solo miembro de Salud Pública ni de la DNCD investigado a pesar de que el nivel de negocio de ventas de medicamentos alterado nunca hubiese alcanzado tal magnitud sin la complicidad de las autoridades que llamadas prohibir esta actividad a todas luces la bendecían, protegían, promovían y patrocinaban.
Por otro lado tenemos a las empresas privadas, farmacias y centro médicos que compraban estos medicamentos. Resulta increíble pensar que negocios, cuya actividad comercial y pericia se le relaciona con los mismos productos que negociaban, adquirían de manera ingenua y de buena fe estos medicamentos sin sospechar que su bajo precio se debía a algún tipo de fraude o dolo. Por consiguiente, las empresas que los compraban deben ser investigadas porque es un crimen comercializar medicinas no aptas para el consumo.
Lo más grave es que las autoridades que protegen este abominable tipo de crimen organizado no son ni serán perseguidas puesto que el Ministro de Salud Pública, el Director de la DNCD y el ministerio público no han advertido que el arresto de José del Carmen Cruz NO ha creado ni una mella en la estructura y mafia que se dedica a la alteración y venta de medicamentos.
