Por simple lógica no cabía esperar otra decisión del gobierno que la negativa a firmar el llamado Pacto Mundial para la Migración, Segura y Regular que será conocido en la Conferencia Intergubernamental promovida por las Naciones Unidas que tendrá efecto en Marruecos diez y once del presente mes.
La decisión fue adoptada bajo la orientación y directa responsabilidad del presidente Danilo Medina, en un documento cuya divulgación al país corrió a cargo del licenciado Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Salvo casos muy contados, hubo un consenso casi general de reclamarle al gobierno el rechazo del Pacto, considerando que sumarse al mismo mermaría de manera significativa el derecho soberano del país a establecer sus normas migratorias. Esa postura fue compartida por partidos políticos de la oposición, figuras dentro del propio PLD y partidos aliados al gobierno, sector empresarial y entidades de la mas diversa naturaleza de la sociedad civil.
No es el único factor determinante de la postura asumida por el gobierno. La firma del Pacto conllevaría una serie de obligaciones adicionales de carácter material que representarían para la República Dominicana una carga imposible de asumir, dados nuestros limitados recursos y el voluminoso fardo de necesidades pendientes de resolver, desde los elevados porcentajes de desempleo y de empleo informal, el gran déficit de viviendas, el todavía elevado nivel pobreza por mas que significativamente disminuido, el limitado presupuesto de salud y tantas otras carencias.
Sin restar mérito a las motivaciones humanitarias que sirven de inspiración a dicho propósito, ya desde antes habíamos señalado y resulta evidente que un problema tan complejo y de aristas tan diversas no puede ser objeto de un tratamiento general ignorando las condiciones peculiares que presenta el fenómeno migratorio en diferentes países. No será solo la República Dominicana la ausente en dicho cónclave. Ya otros países han anunciado su negativa a suscribirlo por diversas razones.
En nuestro caso esas particularidades son muy específicas y notorias. Sin que esto en modo alguno pueda interpretarse como expresión xenofóbica o discriminatoria, es obvio que la inmigración ilegal haitiana, en un flujo casi continuo, representa para el país un reto constante, altamente presionante y de manejo en extremo delicado.
Por décadas la comunidad internacional, principalmente los países más comprometidos, han hecho oídos sordos a los insistentes reclamos de emprender el necesario rescate de Haití. En vez soluciones de raíz a la crítica y crónica situación de extrema miseria en que está sumido el pueblo haitiano, se ha evadido el compromiso a base de ocasionales ayudas larvadas por la corrupción de una élite política y empresarial dominante, la costosa y a veces conflictiva presencia de la MINUSTAH hasta fecha reciente, y periódicos muy controversiales procesos electorales con un alto contenido de manejos fraudulentos, como si esa supuesta “dosis de democracia” fuese la llave mágica que haría salir al pueblo haitiano del grave estado de postración en que se encuentra sumido.
Es un aspecto que debiera ser recreado en el documento con que la República Dominicana explique en detalles precisos y con argumentos sólidos las razones que motivan la justa decisión adoptada.
Por lo demás, de no haber asumido el gobierno la decisión que hoy se le reconoce y aplaude, se habría provocado una generalizada e innecesaria reacción de descontento e inestabilidad en la mayoría de la población. Ha sido pues sabia y prudente la postura asumida. Y vale reconocerlo así y brindarle el debido respaldo al margen de diferencias partidarias o de cualquier otra naturaleza.