Los equipos de la Junta

El informe de actuales técnicos de la Junta Central Electoral de que los equipos electrónicos adquiridos para ser utilizados en el pasado proceso están defectuosos al punto de resultar inservibles para ser utilizados en posteriores eventos, ha desatado una prematura tormenta que tiene más visos de política que de real propósito de esclarecer el caso. Vamos por partes.

En primer lugar hay que dejar bien claro que el uso de un sistema electrónico de conteo fue un acuerdo tomado a unanimidad por el pleno del organismo electoral, sin un solo voto disidente.

En segundo término, la adquisición de dichos equipos se llevó a cabo mediante un proceso de licitación, cuyos detalles, tanto desde el punto de vista técnico como económico, fueron ofrecidos en el curso de una rueda de prensa en la propia Junta, por la comisión de magistrados suplentes que la integraron, encabezada por el magistrado Luis Ramón Cordero, quien fungió de vocero. Posteriormente, una auditoría de la Cámara de Cuentas no encontró ninguna anomalía en la operación.

Ciertamente, una parte de los equipos no rindió el trabajo de conteo. Pero la certeza de que las actas enviadas por la parte de los equipos que si operó de manera normal ofrecieron resultados correctos fue avalada por Participación Ciudadana, a quien nadie se le ocurriría vetar de parcialidad a favor de la Junta con la que mantuvo varios y serios enfrentamientos.

El organismo de la sociedad civil reconoció la casi total coincidencia entre dichos resultados y los arrojados por el conteo manual. Por consiguiente, si una parte de los equipos trabajó en forma eficiente… ¿cómo es posible que ahora resulte inservible? Si sirvieron entonces, ¿por qué no ahora?

Ahora bien…¿en la evaluación llevada a cabo por los actuales técnicos de la Junta, participaron también los de la empresa suplidora INDRA como era lógico suponer? En tal caso, ¿avalan dicho informe estableciendo que los mismos son totalmente inservibles e imposibles de utilizar en el futuro, o sea que no tienen posibilidades de reparación, o que fundamentalmente los problemas que presentaron obedecieron a falta de entrenamiento adecuado por parte del personal?

Si no fue tal lo que ocurrió, si no que la parte de los equipos que no pudo hacer el trabajo fue debido a fallas de construcción e incapacidad de procesar adecuadamente los datos, entonces la responsabilidad recaería de manera directa sobre la empresa que los suplió y procedería establecer la reclamación correspondiente.

De hecho es oportuno recordar la misteriosa decisión colectiva de cientos de técnicos que debían manejar los equipos a menos de 48 horas de iniciarse el proceso, un hecho que nunca ha quedado debidamente aclarado y que se entendió como un acción encaminada a sabotear las elecciones.

Otro hecho inusitado es el insólito reclamo de llevar a los tribunales al ex presidente de la Junta, Roberto Rosario, por parte del senador Wilson Guerrero sin que medie ninguna prueba de responsabilidad dolosa en la adquisición de los equipos, ya descartada por la auditoría de la Cámara de Cuentas, algo que ni siquiera ha sugerido la oposición. Guerrero es bien conocido por sus frecuentes denuncias, en particular contra la Policía, la DGCD y hasta sus colegas de hemiciclo, ninguna de las cuales ha sido jamás probada, incluyendo las que hizo contra el ex presidente Hipólito Mejía que motivó una querella judicial por parte de este que aún está pendiente de ventilarse.

En otro aspecto, no pasa de ser un acto de oportunismo sin base ni fundamento alguno, la pretensión de cuestionar los resultados del pasado proceso electoral tomando como argumento el hecho de que parte de los equipos electrónicos no hubiesen hecho su trabajo de la manera eficiente que se esperaba.

La propia Participación Ciudadana que llevó a cabo un amplio proceso de verificación a boca de urna, reconoció públicamente que había casi total similitud en los resultados que obtuvo a boca de urna y los ofrecidos por la Junta para la elección presidencial.

Pretender continuar a estas alturas poniendo en duda los resultados de la elección presidencial, previamente establecidos por todas las principales encuestas con números muy coincidentes, es tan absurdo como improcedente, tal como advierte el actual presidente del organismo, doctor Julio César Castaños Guzmán, recordando que fueron avalados por el conteo manual, previamente acordado a solicitud de la oposición y antes las fallas que se habían observado en parte de los equipos durante la pruebas a que fue sometido el sistema semanas antes de las elecciones.

Mantenerse encallados en seguir cuestionando la validez de un proceso que ya es historia pasada, resulta una pérdida de tiempo por parte de la oposición, que por el contrario, tiene abierto un amplio campo de crítica propositiva frente al gobierno, que es el que debe utilizar mediante una estrategia inteligente y bien diseñada, a fin de competir en las elecciones del 2020 para tratar de desplazar del gobierno al PLD que ya da muestras de agotamiento, o por lo menos, obtener una mucha mayor cuota de poder.

No hacerlo así y prepararse para la futura visita a las urnas en el 2020 es tanto como seguir dando vueltas sin salirse de un mismo círculo vicioso.