Goza de impunidad e incluso de admiración el ejercicio inmediato del Ministerio Público, que como Poder Penal y Político fuerte puede adueñarse de todo lo que su fuerza y el apoyo del Gobierno le permita. Así ocurre con las negociaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito, con las imputadas Sobeida Félix Morel y Leavy Nin Batista.
Borran estas negociaciones las infraestructuras oficiales que estuvieron y están al servicio del narcotráfico y el lavado de activos. Perdemos el rastro de toda la sangre que ha quedado en los parqueos, en las aceras y en las celdas, pero, más grave aún, quedan sin explicación la baja del Coronel José Amado González, la muerte del Señor Rubén Soto y la implicación de Madeline Bernard, en el caso de Lavado de Activos de los hermanos Benítez y con Figueroa Agosto.
Pensar que todo el lujo de madeline Bernard, el de Sobeida Félix y el de Leavy Nin Batista se sustentaba en una noche de amor, en la Torre Arco Paradiso o en una Villa de Casa de Campo o de Cabarette, sería una estupidez. Aunque se quiera reducir la coherencia y la fuerza delictiva y criminal de esta red a simples orgías sexuales y a la compra de artículos, viviendas y prendas de gala.
Miremos la cercanía entre el Coronel Piloto de la Fuerza Aérea preso en Venezuela con un alijo de cocaína en una avioneta, y la muerte del multimillonario venezolano en la terraza de un Hotel de la Sarasota.
Guiaba Leavy Nin Batista un Bentley Azul convertible y de dos puertas, por las calles y avenidas de la ciudad, sin que, la Dirección de Aduanas o de Impuestos Internos, pero, mucho menos, la Dirección Nacional de Investigaciones, ni la DNCD, se enterara sobre las actividades profesionales de esta Señora. Lo mismo ocurría con Madeline Bernard y el Señor Rubén Soto, quienes llegaron a participar en las tareas de ocultamiento y escamoteos de las propiedades de los hermanos Benítez, en el país, con cuyas acciones adquirieron propiedades y vehículos lujosos a través de compañías de carpeta.
Era la cercanía con el poder que tenía el negocio del Señor Soto, lo que aprovechó Madeline Bernard para acercar a su esposo policía a las infraestructuras oficiales y a los gabinetes criminales del poder político y social de entonces. Así aparecieron los poderes y grupos operativos de segunda y tercera generación, en la cadena de narcotráfico y lavado de activos que hoy presenciamos en los medios de comunicación.
Cubre y deja sin sanción penal esta negociación de la fiscalía, los canales de recibo, almacenaje, embalaje y transmisión de la droga al mercado norteamericano y europeo, porque sigue el goteo de militares y policías envueltos en alijos; pero, a Puerto Rico, llegaron 1,000 kilos de cocaína, procedente de la República Dominicana, el primer día del mes de Mayo.
Forma parte de esta patología criminal y delictiva, el mismo poder político y social, se observa en los fallos de comunicación de la fiscalía en el propio juicio, cuando se le prohíbe al Coronel Encargado de los delitos financieros de la Dirección de Control de Drogas, identificar a los policías, militares y políticos, que dieron soporte logístico a la red, sin embargo, si le permite a las dos imputadas que pactaron con la fiscalía, mencionar los nombres y detalles de personas, civiles y militares, previamente concertadas, con el caso.
Fallan los mecanismos y los instrumentos penales y de inteligencia, cuando en su cálculo el Ministerio Público se aleja del interés por la justicia y de sanción que espera la sociedad, y en este caso se observa que el Ministerio Público está liberando evidencias y muestras criminales y delictivas que, luego, pudieran ir contra la propia fiscalía y contra el mismo poder político y social.
Pedimos a la fiscalía un límite legal, político y humano, entre su poder penal inmediato y su poder fiscalizador mediato. A fin de que en este juicio nunca confunda su actuación con la venganza, con la represalia o con la tortura que, por encargo, han sugerido los gabinetes criminales o los poderes operativos del poder político, contra determinados acusados.
Consigue, sin lugar a dudas, la fiscalía en sus negociaciones, cambiar las creencias del sujeto individual de estas dos imputadas, cambiar sus sentimientos y sus deseos como sujetos sociales, en sus relaciones con los demás imputados, manejando a la perfección su poder de perdonar y de castigar. Para facilitar el análisis técnico de los lectores, en estas negociaciones diremos que, la fiscalía les vendió unas esperanzas que incluyen las creencias de un futuro mejor y unas penas menores para Leavy Nin y para Sobeida.
Demuestra con mucha solvencia la fiscalía del distrito su doble régimen de actuación en estas negociaciones, permite que el decorador diga que veía a Figueroa Agosto en coches con placas oficiales, y que un abogado diga que constituyó compañías de carpeta para el Señor Figueroa Agosto, a fin de que una de las imputadas pudiera participar y ganar contratos de la Oficina Supervisora de Obras de Estado, en una operación típica de evasión y de lavado de activos, apañada por una agencia gubernamental.
Responde el fiscal del distrito, en su doble régimen, y para complacer al poder político, con refuerzos que afectan los valores emocionales de los imputados, cuya atracción ha quedado rota y atendiendo a los valores pensados de ellas, cuyas conveniencias las dos han aceptado declarándose culpables de los crímenes y delitos que presenta la fiscalía.