La Cámara de Cuentas que fue señalada por la PEPCA como un obstáculo para dicha investigación y que fue objeto de allanamientos por alegada obstrucción a la justicia maquillando auditorías.
En medio del debate internacional derivado de una nueva filtración de documentos relacionados con sociedades de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, que coincide con la muy retrasada llegada de la primera sentencia de fondo en nuestro país en relación con el más grande escándalo de corrupción internacional conocido como el caso ODEBRECHT anunciada para el día de hoy, es necesario recordar que si bien la utilización de estos vehículos corporativos es práctica común, a veces con malsanos propósitos de ocultamiento o evasión, pero otras veces con fines legítimos y justificados, lo que a todas luces es inaceptable, ilegal, ilegítimo y espurio es la utilización de pseudónimos o “codinomes” como dicen en Brasil, para recibir sumas de dinero provenientes de un admitido sistema de corrupción.
La investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación titulada “División de Sobornos” sobre una filtración de documentos que datan de 2010 a 2015 en torno a las operaciones de la bochornosamente célebre División de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT reveló, como lo expuso en el país la respetada periodista Alicia Ortega a mediados de 2019, que entre los registros de dicho sistema con pagos secretos para obras de diversos países de América Latina, 118 están vinculados a la República Dominicana por un monto de más de 55.8 millones de dólares, de los cuales 39.5 millones de dólares fueron pagados solo por la obra de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, la cual paradójicamente fue la única de las 17 realizadas por esta en el país, que el ex Procurador General de la República excluyó del expediente acusatorio.
Dicha investigación periodística señaló que tal y como la propia ODEBRECHT afirmó en el acuerdo de culpabilidad que firmó en los Estados Unidos de América, los usuarios del Sistema Drousys “se referían a los receptores de sobornos e intermediarios utilizando códigos adicionales y claves”, y utilizaban estos nombres claves para “ocultar sus actividades corruptas” y “enmascarar las identidades”. Así para pagos vinculados con Punta Catalina se utilizaron nombres como “Boticario”, “Casa 1”, “Casa 2”, “Chacabana”, “Garcia Careca”, “Tigres”, los cuales eran enviados a cuentas bancarias de sociedades “offshore”.
El nuevo titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y otros procuradores de la actual Procuraduría General de la República han afirmado que una nueva investigación que han llamado ODEBRECHT 2.0 abarcará no solo la obra de la Central de Punta Catalina sino financiamientos de campaña, así como los “codinomes”, respecto de los cuales no han encontrado indicios de que las anteriores autoridades recibieran los nombres reales, pero que harían las diligencias para obtenerlos.
La Cámara de Cuentas que fue señalada por la PEPCA como un obstáculo para dicha investigación y que fue objeto de allanamientos por alegada obstrucción a la justicia maquillando auditorías, tiene desde hace meses nuevos integrantes quienes suponemos habrán estado trabajando en dichas auditorías y esperamos que también en mejorar el deficiente formulario de declaración patrimonial que deben presentar los funcionarios entrantes y salientes, el cual no exige una declaración sobre todas las sociedades respecto de las cuales el declarante es beneficiario final, lo que hay que reconocer que el Presidente Abinader hizo voluntariamente.
Los llamados paraísos fiscales hoy día luego de requerimientos y acciones a nivel internacional han tenido que abandonar algunos esquemas de secretismo y están obligadas a llevar periódicas y rigurosas debidas diligencias, por eso más que concentrarnos en satanizar estos vehículos corporativos, lo que debemos es ocuparnos en lograr que se implementen los mecanismos para luchar contra la ocultación de información, entre otras cosas haciendo a los partidos políticos sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos, obligando a los funcionarios públicos a presentar declaraciones de beneficiarios finales y poniendo al descubierto rostros ocultos de la corrupción, escondidos detrás de infames “codinomes”.
