En su manejo de la actual tensión entre República Dominicana y Haití, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha incurrido en faltas y errores que han afectado seriamente su capacidad para ejercer una labor positiva de liderazgo, moderación y buen juicio en torno a esta delicada cuestión. Se sabe que él, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, había emitido una declaración contraria a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano, por lo que, dado ese precedente, era de esperar que él hiciera un esfuerzo especial para mostrar objetividad e imparcialidad en su tratamiento del tema dominico-haitiano como forma de generar confianza en el lado dominicano. Su comportamiento, lamentablemente, ha sido contrario a lo esperado en circunstancias como estas.
Su entrevista a la cadena de televisión CNN en Español y lo que se derivó de ella puso de manifiesto que él no está a la altura de la posición que ejerce, la cual obtuvo sin competencia alguna, ya que fue el único candidato que se presentó a la Secretaría General de la OEA. El punto no está en si dijo lo que se dice que dijo. El problema reside en que se refirió libremente, con un estilo grandilocuente y profesoral, a un asunto que inevitablemente lo exponía a cometer errores y a decir cosas que podían herir la sensibilidad dominicana. Él tenía que saber que cualquier cosa descompuesta, confusa o ambivalente que dijera y que pudiera afectar a la parte dominicana iba a producir una reacción enérgica de esta, como en efecto ocurrió. Cuando la entrevistadora le trató el tema lo único que él estaba en condiciones de decir era que estaba en espera del informe de la Comisión técnica que acababa de visitar a ambos países y que no podía adelantar ningún juicio.
Entrar en un ejercicio retórico, en una especie de ejercicio de sociología de mecedora, a hablar sobre lo que está supuesto a ocurrir en cualquier isla del mundo y la anomalía del caso dominico-haitiano fue una torpeza mayor. Nadie podía pedirle a las autoridades dominicanas que, ante la sensibilidad política del tema, le dejara pasar esa al secretario general Almagro, especialmente cuando la traducción de su entrevista por agencias de prensa internacionales no incluyeron la palabra “generalmente” que matizaba un poco sus comentarios, pero que él pronunció tan rápido que solo un compañero de escuela o de vecindario de él lo podía entender.
El problema se agrava en la respuesta que le dio a las, ciertamente, duras declaraciones de los funcionarios dominicanos en respuesta a su entrevista. En lugar de hacer lo que las reglas de cortesía mandan, que no es otra cosa que empezar diciendo que pide excusas sinceras por la molestia u ofensa que sus palabras han causado para luego explicar lo que realmente él quiso decir, Almagro se destapó con una declaraciones arrogantes que presentan a los funcionarios dominicanos como incapaces de entender lo que él dijo. Así respondió el secretario general: “Me ha llamado la atención la interpretación que se le dio a mis palabras, más cercanas a la tergiversación y a la distorsión, que a una reproducción fidedigna de los conceptos formulados. No expresé en ningún momento la posibilidad de unificación de los dos países… jamás se me ocurriría semejante posibilidad. No puede haber concepto más ridículo, ni más lejano de mi pensamiento”. Es decir, según él, las altas autoridades dominicanas tergiversaron y distorsionaron sus palabras y pensaron cosas ridículas que en ningún momento podían pasar por su mente. La arrogancia intelectual es evidente. Pero además de arrogantes, estas declaraciones parecen haber sido dadas por un político cualquiera contra otro político cualquiera en los avatares propios de la política, pero ni remotamente se corresponden con el tono y el estilo que se espera del funcionario de más alta jerarquía de la OEA.
En su manejo de la cuestión dominico-haitiana hay un aspecto más sustantivo que resulta aun más problemático. Almagro parece darle a esta cuestión una connotación de conflicto entre Estados en lugar de verlo tal es, como, la puesta en práctica por parte de República Dominicana de un plan de regularización de extranjeros indocumentados que dará la oportunidad a cientos de miles de personas de quedarse viviendo legalmente en el país, aunque otros quedarán expuestos a ser repatriados por no cumplir las condiciones o por no haberse acogido a dicho plan, tal como ocurre en cualquier país del mundo que pone en práctica un plan de regularización migratoria. Por otro lado, también está el tema de la nacionalidad que ha gravitado en todo este debate desde la Sentencia 168-13, pero sobre esto también la República Dominicana ha adoptado una legislación que muchos han querido convenientemente ignorar, incluyendo al propio Almagro.
Con esta actitud Almagro le hace el juego al presidente Michel Martelly y a su equipo político, quienes desean desviar la atención hacia República Dominicana para no asumir la responsabilidad de realizar las elecciones parlamentarias y presidenciales que manda el calendario electoral haitiano. La noción de “crisis humanitaria” que tan ligera e irresponsablemente ha sido manejada por altas autoridades haitianas procura sencillamente crear una sensación de excepcionalidad que legitime la posposición de las elecciones y la continuación del actual grupo gobernante en las riendas del poder en Haití. Si Almagro se presta a esa jugada política haitiana se estaría descalificando, no solo para jugar un papel positivo en el tema dominico-haitiano, sino también como secretario general de la OEA, cuya misión principal es precisamente la promoción de la democracia en nuestro hemisferio.
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