Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada en la Persecución Administrativa (Pepca) ha desmantelado una de las redes de corrupción más sofisticadas y perjudiciales que ha visto la República Dominicana en los últimos tiempos. El caso, conocido como “Operación Calamar”, involucra a destacados exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y una compleja estructura criminal que saqueó al Estado dominicano por un monto superior a los 21 mil millones de pesos.
Entre los principales acusados se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro administrativo de la presidencia, Gustavo Montalvo, y el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial, Gonzalo Castillo.
Sin embargo, tres individuos a los que el Ministerio Público endosa responsabilidad protagónica en el caso lograron acuerdos para admitir su culpabilidad y, en total, devolverán 2,316 millones de pesos, además de comprometerse a colaborar para condenar a los principales responsables, lo que incluye presentar testimonios en contra de ellos.
José Arturo Ureña Pérez admitió haber sido parte integral de esta estructura criminal. Su participación se centró en la creación de un esquema de cobro ilícito a las bancas deportivas, que eran obligadas a pagar una cuota mensual bajo amenaza de cierre por parte del Ministerio de Hacienda. Este esquema no solo sirvió para enriquecer a los involucrados, sino también para financiar ilícitamente la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo en 2020.
Ureña Pérez no se limitó a este esquema de extorsión; también participó en la estafa al Estado dominicano a través de reclamaciones fraudulentas de deuda administrativa, particularmente en casos de expropiaciones de inmuebles y adquisiciones de terrenos gestionados por la Dirección General de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En un acto de arrepentimiento y cooperación con las autoridades, Ureña Pérez ha acordado devolver 500 millones de pesos mediante cheques.
Fernando Crisóstomo Herrera jugó un papel crucial en la operación del «proyecto o programa», una iniciativa ilegal autorizada por Donald Guerrero para recaudar fondos de las bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas. Crisóstomo Herrera fue el encargado de diseñar y coordinar el plan, que implicaba la identificación y extorsión de estos negocios a lo largo de todo el país. Para asegurar el cumplimiento, se contrataron camionetas y se incluyeron inspectores del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el Ministerio Público, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña conformaron una estructura no gubernamental con autorización de Donald Guerrero, denominada “proyecto o el programa”, el cual consistía en la gestión y cobro sin base legal, mensual, de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, deportivas y los colmados con máquinas tragamonedas, donde el dinero obtenido no entraba a las arcas del Estado, sino que iba a parar directamente a la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero.
Asimismo, estos tres fijaron antojadizamente un monto que cobraban mensualmente a los dueños de bancas, esto sin estar facultados legalmente para ello y sustituyendo así las funciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, en cuanto a la fiscalización. Situación autorizada por Donald Guerrero.
El llamado “proyecto o el programa” fue coordinado por Fernando Crisóstomo Herrera, quien propuso un plan que fue concretizado, donde se realizó un levantamiento en toda la geografía nacional en que identificaron todos los puntos de venta de bancas de lotería, bancas deportivas y tragamonedas. Para su ejecución, incluyeron la contratación de camionetas y la participación de inspectores de Hacienda. Inicialmente, Crisóstomo presentó dicho plan a Mimilo y José Arturo Ureña, quienes luego se incorporaron.
Crisóstomo Herrera también gestionó la contratación de dos personas que actuaban como gerentes operativos responsables de los cobros ilegales. Supervisaba directamente su trabajo y coordinaba con otros miembros de la red para mantener el flujo de dinero. Entre las víctimas de este esquema se encontraba José Melchor González Calderón, propietario de varias bancas, a quien Crisóstomo Herrera exigió el pago mensual de 3 millones de pesos, llegando a recolectar un total de 43 millones de pesos.
Aunque abandonó la operación en 2018, Crisóstomo Herrera continuó recibiendo ingresos del esquema, cobrando aproximadamente un millón de pesos mensuales. En un esfuerzo por reparar el daño causado, ha acordado devolver 1,101 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.
Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, fue el responsable de la logística financiera del esquema de corrupción. Su participación fue fundamental en la recolección y distribución del dinero obtenido ilegalmente. Jiménez Collie supervisaba el retiro de grandes sumas de efectivo del Banco Banreservas, que luego eran transportadas a su oficina en la Torre In Tempo, en el Distrito Nacional, utilizando tanto vehículos propios como camiones de la filial de seguridad privada del banco.
El dinero recaudado era posteriormente distribuido entre los principales acusados, incluyendo a Donald Guerrero y Gonzalo Castillo. Jiménez Collie también jugó un papel clave en el manejo de los pagos ilícitos relacionados con expropiaciones y el reconocimiento de deudas administrativas. En un acuerdo con las autoridades, ha consentido devolver 715 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.
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