Los sectores que han alzado la voz preocupados por la reforma fiscal

Santo Domingo.- Diversos sectores han fijado sus posturas en torno al proyecto de reforma fiscal presentado por el Gobierno dominicano, expresando la necesidad de que se realice un dialogo con todas las partes que serán impactadas por la asignación de nuevos tributos, así como la eliminación de exenciones y privilegios en algunas industrias y mercados.

La Asociación De Fiduciarias Dominicanas (Asofidom), aseguró que de ser aprobado en las condiciones actuales, esta reforma causará “el retroceso de todo lo alcanzado por el país en materia de construcción y desarrollo de viviendas, transparencia y prevención de lavado de activos desde el año 2011, cuando fue aprobada la ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana”.

Asofidom indicó que en la última década el motor que impulsó la construcción del país fue la combinación entre la adopción de una figura transparente y confiable como lo es el fideicomiso y el establecimiento de la tasa única del 10% por concepto de Impuesto Sobre la Renta, el cual es retenido por la fiduciaria y pegado directamente al Estado como un Impuesto único y definitivo a cargo de desarrollador, lo que desaparecería con el nuevo plan de modernización fiscal.

“Todo esto desaparece con la reforma fiscal, que pretende lograr que los fideicomisos sean tratados como una sociedad comercial para todos los fines impositivos, lo que implica entre otras cosas, que estos pararan una tasa del 27% por el impuesto sobre la renta más una retención del 10% sobre los beneficios que sean pagados al constructor fideicomisario”, señala la Asociación.

Agrega que “la reforma fiscal plantea riesgos terribles para el desarrollo inmobiliario y para el fideicomiso en general. Pasaremos a ver primero lo relativo a la construcción de viviendas, y por último lo concerniente a las formas de fideicomiso”.

Al tiempo de afirmar que el país tendrá un régimen fiscal moderno, pero sin viviendas, Asofidom, añadió que los efectos de elevar el impuesto a las rentas de la construcción de viviendas de un 10% a un 34% aproximadamente son fácilmente previsibles. La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) ya adelanto que la reforma fiscal implicaría un aumento de 12.53% en el Precio de la Vivienda de bajo costo y de 14% en el de vivienda media.

“Los compradores serán las principales víctimas. Y el mismo Estado será la segunda”, agrega el documento que señala que o presentado por el gobierno “no suena a ‘modernización’ fiscal”.

Por otro lado, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), llama al diálogo constructivo para abordaje equilibrado del proyecto.

“Comprendemos la intención de la reforma y entendemos la necesidad actual de incrementar las recaudaciones fiscales para hacer frente a las diversas necesidades de nuestra sociedad. Sin embargo, durante el proceso de elaboración de esta propuesta, quedo pendiente la profundización del diálogo para la creación de consensos con los sectores impactados.

«De igual manera, aunque la equidad es un término que se menciona de manera reiterada en la propuesta, nos sorprende la falta de equilibrio reflejado en la diversidad de medidas que recaen directamente sobre el sector industrial”, inicia el comunicado.

Al tiempo de asegurar que el proyecto deja pendiente las respuestas algunos de los principales desafíos que tenemos como sector, como es el caso del tema eléctrico y de la informalidad, AIRD señala que el mismo “pone en juego a todo un andamiaje productivo nacional que, durante los momentos retadores vividos en la pandemia, mostró su resiliencia y su importancia para asegurar la estabilidad y la seguridad alimentaria en el país. Asimismo, impacta nuestro posicionamiento como destino para la inversión extranjera”.

Subrayan que las medidas propuestas implican un doble y hasta un triple castigo a muchos de nuestros asociados, como es el caso de la industria de alimentos y bebidas.

“En adición, se incluye un golpe contundente a la industria cinematográfica y a los textiles y calzados, segmentos que generan empleos de calidad y ayudan a la diversificación de nuestra economía”, agrega el documento.

“De todas las medidas, la que nos produce mayor inquietud es una nueva modificación de la Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, a menos de cuatro años de su último ajuste. Lo que implica un inesperado cambio de las reglas de juego para nuestro sector. Este régimen, acorde a datos oficiales, ha tenido un impacto positivo no solo en el sector industrial, sino también en la economía en general, donde empresas de todos los tamaños han generado más empleos, han mejorado su productividad, han incrementado sus exportaciones y, por supuesto, han pagado más impuestos”, continúa AIRD.

El comunicado no deja de lado el también recién introducido proyecto de reforma laboral, el cual aseguran ha complejizando aún más la agenda de temas transcendentales para el país y “dejando evidencia de la necesidad de retomar el debido proceso de diálogo entre todos los involucrados respecto a estos temas que han de marcar el futuro de nuestro país”.

Los creadores de contenido quieren ser parte del diálogo

El artículo 19 del proyecto de reforma fiscal obligaría a youtubers e influencers a pagar impuestos; de acuerdo con el documento se modificará el artículo 339 del Código Tributario de la República Dominicana estableciendo impuestos adicionales a la “Prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas a través de internet u otras redes desde el exterior, cuando el cliente, usuario o destinatario final de estos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o sede de actividad económica en República Dominicana, salvo los casos específicamente excluidos por ley”.

Creadores de contenido como Santiago Matías (Alofoke), Carlos Durán, Luinny Corporán, Brea Frank, Bolívar Valera (El Boli), José Peguero, Manolo Ozuna, Ricardo Ripoll (Somos Pueblo), entre otros, al asegurar que este artículo no es del todo, se unieron y formaron el Consejo de Plataformas Digitales de República Dominicana, buscando la manera que el Gobierno los escuche y les aclare “algunas dudas”.

Argumentaron que no pueden tener doble tributación, ya que pagan impuestos en los Estados Unidos por las plataformas digitales.