La doctora Licelott Marte, presidenta de la Cámara de Cuentas, ha puesto el grito en el cielo. No es para menos. Razones tiene de sobra. Ella trata en lo posible de mantener al día las auditorías de los organismos públicos, desde la Presidencia de la República hasta las ONGs que reciben fondos del gobierno. Es una tarea de suma importancia, en tanto implica comprobar la correcta administración y legalidad del gasto público. Pero es también misión imposible. Son miles las auditorías, en tanto limitados los recursos y reducido el personal de que dispone para una tarea de tanta complejidad y exigencia profesional.
Pero lo peor de todo es que al parecer se trata de un combate que libra en solitario. Es su principal queja. La expresó en presencia del embajador Alberto Navarro, quien representa a la Unión Europea en nuestro país, que aporta sustancial ayuda a la institución. En el diplomático del Viejo Mundo encontró inmediata caja de resonancia.
La doctora Marte revela que cada año envía un informe detallado de auditorías a las Cámaras Legislativas. Los medios de prensa reciben copia. Es un legajo voluminoso, pletórico de comprobaciones y rebosante de números. Imposible de leer en su totalidad, pero valiosa constancia del trabajo que lleva a cabo y oportuna fuente de referencia para la labor de comunicación. Al Congreso le reprocha hacer caso omiso del mismo y no estar cumpliendo con su deber de fiscalización.
La reacción desde el litoral legislativo no se ha hecho esperar. Adriano Sánchez Roa, vocero de la bancada peledeista en la Cámara Alta, se ha apresurado a negarlo. Pero ha evadido responder a la doctora Marte y, en cambio, dirige su réplica al embajador Navarro, asegurando que está mal informado y a quien invita a pasarse un día en el Senado para comprobar el trabajo de fiscalización que, según alega, lleva a cabo ese cuerpo congresual.
Al margen de dimes y diretes, lo cierto es que dentro de sus muchas limitaciones, la Cámara de Cuenta ha completado no pocas auditorías, varias decenas de las cuales han sido enviadas a la Procuradora de la PEPCA. Corresponde a esta la misión de investigar si en las
irregularidades detectadas en la por lo general deficientes registros contables, sobre todo de los ayuntamientos, existen indicios de manejos dolosos, cuyos responsables deban ser sometidos a la Justicia.
Ahora mismo la Cámara acaba de elaborar un extenso listado de 207 organizaciones no gubernamentales que reciben un voluminoso aporte anual de fondos públicos y que desde el año 2015 y lo que va del presente, no rinden cuenta trimestral de la forma en que gastan dichos recursos tal como vienen obligadas. La cantidad involucrada sobrepasa los trescientos millones de pesos. Ni que decir que de muchas de esas ONGs, algunas de nombre muy sugestivo, tampoco se tiene la menor evidencia de algún trabajo de interés social que estén llevando a cabo y justifique el aporte estatal, que en cambio llega en forma insuficiente a instituciones de gran prestigio y meritoria labor o se le niega a otras.
Como si fuera poco, la doctora Marte advierte que todavía hay alrededor de dos mil funcionarios que no han presentado sus declaraciones juradas de bienes como dispone la ley, pese a que los plazos para rendirlas, extendidos en más de una oportunidad, están más que vencidos. ¿Consecuencias? Ninguna. Pese a que la propia ley establece las sanciones para los infractores, que pudiera llegar hasta la destitución del cargo, sanción que todavía está a la espera del primer caso.
Como es fácil apreciar no son pocos los tormentos por los que atraviesa doña Licelott y más que sobradas y justificadas sus quejas.
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