SANTO DOMINGO.– El ambientalista Luis Carvajal reveló que el proceso de reubicación de los comunitarios afectados en Cotuí por la construcción de la presa de cola, los asumirá el Estado dominicano, no la Barrick Pueblo Viejo.
Según Carvajal, esta decisión representa una carga económica injusta para el país.
Al participar en la entrevista central de El Despertador, Carvajal explicó que, el Estado tendrá una erogación de alrededor de 20,000 millones de pesos con esto. «La verdad, que Barrick nos lo está entre comillas prestando, porque lo está adelantando, es de los beneficios del Estado».
Argumentó que la Ley No. 64-00 que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece un pago que es el denominado impuesto de territorialidad que existe en la minería en todas partes del mundo, cuando se trata de productos no renovables, dice el 5% de los beneficios netos tienen que ir al territorio a través de los ayuntamientos locales para ser invertidos.
El ambientalista cuestionó la legalidad y equidad del contrato firmado con la minera, destacando que todos los beneficios económicos recaen sobre la empresa, mientras que las cargas y perjuicios son responsabilidad del Estado. «De qué estamos hablando, es que todos los beneficios económicos son para Barrick y todas las cargas y perjuicios y compromisos son del Estado», enfatizó.
Agregó que el contrato inicial decía, que «el Estado iba a empezar a recibir beneficios porque ellos recuperaron la inversión, eso fue parte de lo que sí se modificó, eso se modificó en la revisión de 2013, pero ellos sobrevaluaron la inversión y la garantía era la mía, pero de quién es la mía, es del Estado, por lo tanto la garantía prendaria era una garantía del Estado Dominicano, lo cual quiere decir que quien financió ese proceso ha sido el propio Estado Dominicano y eso es importante a la hora de ver esta discusión».
«No nos podemos quedar simplemente en una negociación tortuosa, producto de un desalojo forzoso, fundamentado en una ley neocolonial, porque ese es el otro elemento a revisar, aquí no debe darse una sola nueva concesión minera, sobre todo en minería metálica hasta que no se revise la ley minera y ya se había iniciado un proceso», enfatizó.
Carvajal también hizo un llamado a revisar el contrato y las leyes que rigen las concesiones mineras en el país. «Aquí no debe darse una sola nueva concesión minera, sobre todo en minería metálica, hasta que no se revise la ley minera», afirmó, agregando que el proceso de reforma iniciado en el pasado ha sido obstaculizado por «un pool minero que tiene la capacidad de incidir sobre nuestros políticos».
El ambientalista no solo denunció el impacto económico para el país, sino también el incumplimiento de la ley 6400, que establece un pago del 5% de los beneficios netos al territorio afectado. Según Carvajal, el contrato vigente permite a Barrick deducir estos fondos de los beneficios estatales, reduciendo así el aporte real a las comunidades. «Eso debe ser un contrato estructural al contrato», insistió.
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