Maestros y médicos

En una reciente y certera nota editorial del Diario Libre se hizo resaltar que tanto la salud como la educación son los dos pilares básicos en que se asienta el desarrollo de una sociedad. No es posible pensar en términos de progreso de un pueblo que carezca de ambos.

Lamentablemente es nuestro caso. Ni gozamos de buenos niveles de salud, ni mucho menos somos un pueblo debidamente instruido. Y lo más penoso, tal como señalaba dicha nota, es que gran parte de la responsabilidad recae sobre los que debieran ser los principales promotores del esfuerzo necesario para superar ambas condiciones: los maestros y los médicos, en ambos casos sometidos a los intereses de sus respectivos y politizados sindicatos por encima del interés superior con la nación.

En el caso de los docentes no podía resultar menos auspicioso el inicio del nuevo año escolar, cuando apenas a tres días de haber dado comienzo, suspenden las clases en el Gran Santo Domingo, donde se concentra el mayor porcentaje de la población estudiantil para llevar a cabo una demostración de calle ante la sede del Ministerio de Educación, en total contradicción con las promesas de quien los preside de que no serán obstáculo para el normal desarrollo de la docencia. Haber dado un plazo terminante de siete días al Ministro de Educación para satisfacer sus exigencias es simple adelanto de nuevas movilizaciones y huelgas en perjuicio de millones de estudiantes provenientes de los sectores de la población de menos ingresos.

Se trata de una situación recurrente, repetida de año en año y a lo largo de cada año donde por cualquier razón y motivo se declara un paro o una huelga o se celebra una asamblea en día y horario escolar, pese al solemne compromiso de no perder una sola jornada de clases por ningún motivo, asumido al firmar el Pacto por la Educación que sirvió de endoso a la aplicación a la puesta en vigencia de la ley del 4 por ciento.

Al cabo de siete años de haber recibido la primera significativa partida de fondos que se ha ido acrecentando con cada nuevo presupuesto, la educación dominicana continúa estancada prácticamente en el mismo nivel que le ha otorgado el muy cuestionable y vergonzoso privilegio de mantenerse anclada en el último escalón de las mediciones regionales y en el ranking de ochenta países evaluados como los de peor desempeño educativo.

Si bien no toda la responsabilidad puede atribuirse al magisterio, no es menos cierto, aunque no quiera reconocerlo el sindicato que los agrupa, que una gran cantidad de docentes no disponen de la capacidad y los conocimientos y destrezas requeridos para impartir una educación de calidad, lo que exige además una total disposición de entrega de la que carecen.

Algo parecido pasa con la clase médica agrupada en el sindicato que los representa, donde se ha logrado un alto nivel de especialización en la paralización de los hospitales como mecanismo de presión, aún en situaciones de emergencia como en días recientes tuvo lugar en uno de los principales centros de salud pública de la capital en medio de una grave epidemia de dengue.

Si bien maestros y médicos están supuestos a ser debidamente retribuidos por la importancia de su profesión, aunque no todos por la forma en que prestan sus servicios, no pueden negar que dentro de las limitaciones de un país aquejado de muchas precariedades, donde un alto porcentaje de la población percibe el sueldo mínimo para atender sus necesidades básicas de subsistencia, tanto los unos como los otros al percibir salarios tres veces superiores pueden disfrutar de un nivel de vida aceptable y que supera a la mayor parte.

Y que en justa retribución esa misma porción de pueblo mayoritario que con sus impuestos por vía de consumo contribuye al pago de sus emolumentos merece recibir adecuados e ininterrumpidos servicios de educación y de salud de calidad, donde el compromiso de contribuir al progreso del país debe estar presente por encima de cualquier otra consideración.