SANTO DOMINGO.- El director de la Escuela de Formación Política Yvelisse Prast, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Manuel Conde, pidió al Gobierno que en lugar de exigir el reporte de pago de servicios a los empleados públicos, lo que debe hacer es cancelar a los funcionarios que no hayan presentado su declaración jurada, tal como lo establece la Ley 311-14.
Conde recordó que los quince días de plazo que otorgó el presidente Luis Abinader a los funcionarios para que presenten su declaración jurada de bienes, nunca se debió dar, pero se debe cancelar a quienes no hayan cumplido con el referido requisito legal.
“También que se comience a cumplir con lo que se prometió. Se le dio un plazo de 15 días adicionales, que nunca se debió dar, para que presenten declaración jurada de bienes. Yo creo que ese principio de superioridad moral tiene que comenzar por ahí, que el presidente de la República cumpla con lo que dijo, que cancele a todos los que no han presentado su declaración jurada”, manifestó.
Indicó que si bien es cierto que no está de acuerdo con la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP), sobre dar constancia del pago de luz y agua por parte de los empleados públicos, entonces no deben detenerse ahí e ir más allá, como exigirle a los funcionarios sus certificaciones sobre el pago de impuestos.
El catedrático mostró su indignación y afirmó que si se le va a exigir a la ciudadanía cierto cumplimiento en el pago de los impuestos y servicios baciscos, también se debe cumplir con la exigencia a quienes ostentan posiciones de mayor relevancia a que cumplan con lo que establece la ley.
“Si vamos a exigir certificaciones, si la idea es estar en condición de superioridad moral, que no se persiga solo a la parte más débil, porque a fin de cuentas quien se atrasa es porque alguna condición económica tiene (…) tiene que decidirse a veces entre si paga la luz o paga el pasaje”, afirmó.
El también comentarista de El Gobierno de la Mañana criticó que muchas personas que andaban “con una mano adelante y la otra detrás”, presentaron exorbitantes declaraciones de bienes, razón por la cual considera que el gobierno debe también investigar la legalidad de esos patrimonios.
“Yo quisiera que esa superioridad moral que se quiere exigir, también se exija solicitando un informe de cómo se incrementaron esos patrimonios”, criticó.
Funcionarios empresarios
Otra de las críticas que el también abogado externó es que muchos funcionarios también son empresarios, entrando en la incompatibilidad para realizar algunas actividades comerciales, y aun así exhiben un incremento en sus fortunas de miles de millones de pesos. “¿Qué pasó?, ¿qué hizo durante ese tiempo que le generó tanto patrimonio?”.
Manuel Conde fue más lejos y exigió que si el objetivo es transmitir un cumplimiento de principios morales, se debe también eliminar el barrilito y cofrecito a los legisladores, a los fines de enviar un mensaje de moralidad a la población.
Doble función con conflicto de intereses
Además, pidió al presidente Luis Abinader que destituya a los funcionarios que ocupan dos posiciones en el tren gubernamental, y que las cuales entran en conflicto de intereses, afirmando que el caso de Carlos Pimentel y su renuncia de la Dirección de Alianza Público Privadas no es el único caso.
Manuel Conde emitió estas declaraciones a propósito de la circular del Ministerio de Administración Publica, donde instruía a los departamentos de recursos humanos de las distintas dependencias del Estado a exigirle a sus empleados el reporte del pago de luz y agua, lo que generó gran descontento social.