En el despliegue de la portentosa Marcha Nacional Verde del domingo 16 de Julio, la más impresionante de la últimas décadas, asumió un volumen sin precedente la convicción colectiva de que el fin de la impunidad es imposible sin el fin del sistema de corrupción e impunidad establecido, calificado por el pueblo movilizado como un lodazal que hay que barrer.
En su PROCLAMA (producto de las más amplia y reiterada consulta que se haya hecho al interior del movimiento), después de atravesar el centro del Distrito Nacional un tsunami de personas vestidas de verde, el movimiento reclamó “el SOMETIMIENTO JUDICIAL DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA y la investigación penal de los funcionarios y legisladores Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo, Abel Martínez y otros responsables de aprobar o gestionar los contratos de la multinacional mafiosa”.
De igual modo, el colectivo consideró “inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los ex-presidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los contratos, y de Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se firmó el 11% de los contratos y quien públicamente ya se puso a la disposición del procurador Jean Alain Rodríguez”.
La cuestión central es que resulta cada vez más evidente que el Poder Ejecutivo, Gobierno Central, Justicia, Congreso, Cámara de Cuentas, JCE, Alcaldías… son instituciones controladas por una partidocracia corrupta y corruptora que las manipula para enriquecerse en contubernio con grandes empresarios, lobistas, generales y corporaciones transnacionales.
Así se ha conformado –y esto lo hemos planteado de mil maneras desde varios años- una dictadura constitucional dedicada a acumular riqueza y poder, dirigida desde un centro estatal-partidista bajo el mando del Presidente de turno (Danilo Medina), generalmente convertido en un monarca postmoderno; siempre acompañado de una maquinaria de marketing y publicidad dedicada a robarse la verdad en procura de la permanencia de una dominación mafiosa.
La base legal-sustantiva del poder constituido es la Constitución del 2010 estructurada por el ex-presidente Leonel Fernández (y sus asesores de ocasión) y heredada por el Presidente Medina; ambos cabecillas del partido de gobierno.
Esa Constitución -más allá de sus adornos engañosos- potenció el autoritarismo trujillista-balaguerista, constitucionalizó el neoliberalismo y concentró el poder de decisión en la Presidencia, el Senado y el Consejo de la Magistratura controlable por el centro de mando de la corporación política-económica que asaltó el Estado, ahora dominado por el presidente de turno.
Además de que el Jefe de este Estado gansterizado carga con las mayores culpas del caso y merece el castigo correspondiente, ha sido realmente trascendente que en el Manifiesto de MARCHA VERDE del 16 de julio se exija su SOMETIMIENTO (con todo lo que implica); presente además que en el marco de la Constitución actual del 2010 la corrupción y la impunidad tienen posibilidades de reciclarse, por lo que será necesario ir más lejos y contemplar una reconstitución del Estado dominicano y de sus bases jurídico político.
Por eso, en perspectiva, para ponerle fin a la impunidad, será imprescindible que en el marco de la crisis de gobernabilidad que tiende a conformarse (por la resistencia de la dictadura a ceder en vista que sus principales funcionarios son judicialmente procesables), se produzca el desplome o colapso de este gobierno y de las instituciones que manipula; seguido de la instalación de un régimen provisional comprometido con el fin de la impunidad y la superación de este orden constitucional que la ampara; al compás de la construcción de nuevas instituciones sobre nuevas bases constitucionales, vía democracia de calle y despliegue de una Constituyente Popular, Participativa y Soberana.
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