Más de 20 millones de dólares aspiraba ganar empresa si conseguía permiso de exportación de baterías

SANTO DOMINGO.-Más de 20 o 30 millones de dólares aspiraba ganar la empresa Aurum Gavia a través de Fausto Miguel Cruz, si hubiesen conseguido el permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la exportación de cinco mil toneladas de baterías. El no conseguir la autorización lo llevó  a cometer el hecho que acabó con la vida de Orlando Jorge Mera, según señala la solicitud de medida de coerción.

«Ese permiso de baterías usadas es bueno que la gente sepa lo siguiente, ese era un rockash pero al revés, recuerden que aquí había un contaminante que se lanzó en la playa de Samaná y hubo una sanción penal a un viceministro en la Corte Suprema, recuérdense que hay un precedente ahí, aquí era exactamente igual pero importando, el Tratado de Basilea dice que esas herramientas tóxicas tienen una regulación muy importante, y ese señor no estaba aspirando a ganarse poco dinero, los cálculos que se hicieron fueron más de 20 o 30 millones de dólares si lograba el permiso», explicó el abogado de la familia Jorge Villegas en El Despertador.

Miguel Valerio indicó que en 12 años nunca había visto tan claro lo que se llama la gravedad del hecho, «primero fue un asesinato, segundo es un asesinato a un funcionario público, estamos hablando de un ministro de que lo matan en su ministerio, y el hecho de que lo matan porque le niega algo a una persona, entonces estamos hablando de un hecho gravísimo».

Asimismo agregó que es muy difícil esa investigación dure un año, que es muy probable que a los tres, cuatro y seis mees se esté presentando acusación.

«Aquí lo que se va a discutir según anuncia la defensa es algo muy técnico, si ellos dicen que es homicidio nosotros decimos que es asesinato, entonces ahí vamos a ver los elementos y evidencias de lo que ocurrió y habrán dos posiciones para llegar a esa discusión».

Indicó que Cruz irá a una celda de máxima seguridad a Najayo, que son personas que están aparte de la comunidad carcelaria porque se consideran delincuentes de alto riesgos.