SANTO DOMINGO.- Según dice el expediente de solicitud de medida de coerción contra imputados en Operación Medusa, Miguel José de Moya admitió en el interrogatorio que no impartió docencia a miembros del Ministerio Público ni Procuraduría General de la República.
La Procuraduría General de la República supuestamente pagó casi 20 millones de pesos por servicios de capacitación en talleres y seminarios de formación de liderazgo al imputado.
Señala que estos contratos llamaron la atención de las autoridades, puesto que dichas capacitaciones fueron supuestamente realizadas en marzo-mayo del 2020 “en el que ya estábamos en estado de emergencia por la pandemia y bajo los protocolos de salud y seguridad dictados por el Gobierno”.
El documento agrega que en los informes de servicios de capacitación de la Procuraduría no se especificaban el lugar o fecha donde se realizaban los talleres. Las autoridades procedieron a contactar a algunas de las personas que aparecían en los listados como participantes, y estos habrían indicado que nunca fueron convocados ni formaron parte de los cursos o seminarios referidos.
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