Militares detenidos mediante Operación Frontera incrementaban sus tarifas cuando traficaban niños, según autoridades

SANTO DOMINGO.– La complicidad de al menos cinco militares parece ser lo que dio vida a la supuesta red de trata de inmigrantes que operaban 10 personas en Montecristi en motores y autobuses y que fue develada por el Ministerio Público mediante la Operación Frontera.

Las colaboraciones de los miembros castrenses quedaron evidenciadas en las transcripciones de las conversaciones de los implicados, que fue anexada a la solicitud de medida de coerción del caso.

Mientras el gobierno construye un muro fronterizo y la Dirección de Migración realiza a diario operativos para detener haitianos indocumentados, militares asignados a la zona fronteriza se aliaba a una red donde transportistas y motoconchos para entrar al país a haitianos ilegales, según detalla el Ministerio Público en la investigación del caso.

Según las conversaciones de los implicados, las cuales fueron anexadas a la solicitud de medida de coerción, la mayoría de los inmigrantes que cruzaban al país tenían como destino final, en su mayoría, Santiago y Mao, viaje que le costaba hasta tres mil pesos y que era mayor si estaban con niños.

En una de las transcripciones se puede leer que el imputado Jesús María Cerda Acosta, alias Moreno, pidió ayuda a un guardia, cuyo nombre no se especifica en el documento, para poder continuar con su trayecto, ya que otros militares custodiaban las inmediaciones del Río Masacre, la cual formaba parte de su viaje.

Horas más tarde miembros del Cesfront le incautaron el motor al referido encartado y los de otras cuatro personas que le acompañaban, situación que le informó al militar al que le pidió ayuda pasadas las 11 de la noche de ese mismo día, y quien al día siguiente le advirtió sobre la presencia de otros guardias en su ruta.

El documento detalla también que el sargento mayor Rafael Zabala Peña decía aceptar 300 pesos por cada inmigrante que dejara pasar a territorio dominicano. Concluidos los allanamientos, el ministerio público solicitó al director provincial de Migración la repatriación a 18 haitianos ilegales detenidos durante el operativo, de los cuales tres se encontraban en la casa del encartado Leonardo Acosta Cruceta.

De igual forma solicitó a la división de Conani en esa demarcación que devuelva a Haití dos niños indocumentados, que también fueron detenidos.

Algunos de los abogados de los encartados dijeron estar preparándose parándose para el conocimiento de la medida de coerción, prevista para la mañana de este viernes.