Ministerio Público asegura tener más de 500 pruebas contra implicados en Operación Lobo

Santo Domingo.- El Ministerio Público, destacó este jueves la solidez de las imputaciones contra los diez militares y civiles arrestados en el marco de la Operación Lobo, tras presentar más de 500 elementos probatorios que sustentan la solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

La información fue ofrecida por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de participar en la audiencia encabezada por el equipo de fiscales dirigido por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

“Todos los abogados de los imputados han requerido plazos para estudiar el escrito de medida de coerción que consta de aproximadamente 450 páginas y más de 500 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales y materiales”, detalló Ortiz.

Estructura corrupta operaba con sobornos y contratos públicos

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud de las defensas y aplazó la audiencia para el lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público explicó que con la Operación Lobo busca llevar ante los tribunales a los miembros de una red de militares y civiles que utilizaba sobornos para controlar la seguridad privada y asegurar contratos públicos con distintas instituciones del Estado.

Entre los principales imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, de la Fuerza Aérea. También se acusa al primer teniente Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel Ramón Quezada Ortiz, de la Policía Nacional, y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Instituciones afectadas y cargos presentados

La red delictiva impactó negativamente a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El grupo enfrenta acusaciones por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, de acuerdo con los artículos 177 al 180, y 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.

También se les imputa violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución Dominicana, que proscribe la corrupción administrativa, y varios artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.