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Ministerio Público inicia réplica en el conocimiento de medidas de coerción del caso Calamar

La audiencia inició pasadas las 10 de la mañana y fue recesada momentáneamente cuando la barra del Ministerio Público comenzó con su réplica a los expresados por la defensa de los imputados.

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SANTO DOMINGO.– Luego de tres maratónicas audiencias, la jueza Kenya Romero terminó de escuchar las versiones de los últimos tres implicados en el presunto entramado, denominado Operación Calamar, que desvío 19 mil millones de pesos de fondos públicos hacia las candidaturas del PLD, según el Ministerio Público.

Pasado el mediodía las defensas de los tres señalados en el caso Yahaira Brito, Ramón David Hernández y Aldo Antonio Gerbasi concluyeron su defensa técnica la jueza de la Oficina de Atención Permanente.

La defensa de la pareja Yahaira y Ramón David señaló que aunque no han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, el órgano acusador no se opuso a la solicitud de la defensa de variar el pedimento de prisión preventiva por domiciliaria, así como impedimento de salida y una garantía económica, según los abogados de los encartados.

Al igual que con el encartado Aldo Antonio Gerbasi. Según abogados, Julián Omar Fernández, exdirector de Juegos de Azar en el Ministerio de Hacienda, se declaró culpable de las imputaciones que le hace el Ministerio Público en el caso Calamar.

La audiencia inició pasadas las 10 de la mañana y fue recesada momentáneamente cuando la barra del Ministerio Público comenzó con su réplica a los expresados por la defensa de los imputados.

En la segunda audiencia unos 10 implicados se declararon culpables y llegaron a acuerdos con el órgano acusador, en ese sentido le fue variado el pedimento de prisión preventiva, por domiciliaria, además de una garantía económica e impedimento de salida del país.

Los tres ex ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero y los demás implicados fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad. La seguridad tanto dentro como fuera de esta sede judicial se mantiene reforzada.

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