Un grupo de periodistas latinoamericanos dialogó hace siete años con varios funcionarios del más alto nivel en sus oficinas de Washington. Ellos hablaron resueltos, en confianza. No se arredraron y formularon recias críticas a su sistema de cosas. Reían, cherchaban… Parecían tan simpáticos, desbocados y sin poses que, para los acostumbrados a otros estilos, ni por asomo parecían ostentar cargos de tal envergadura…
Pero al final de cada una de las conversaciones, casi todos los ejecutivos, en tono solemne, recitaban como un ritual una suerte de advertencia: “Off the record, off the record”.
Y como hablaban para hispanos, remataban trastrabillando una traducción tal vez aprendida a la carrera: “Eso querer decir: no publicar, no publicar, eso ser privado”.
Todo debía quedar entonces como el mejor secreto entre las cuatro paredes de cada oficina del Gobierno.
Ningún periodista que conozca los principios elementales del ejercicio ético de la profesión ni pensaría en difundir, sin la anuencia del autor, datos y opiniones que surjan en una conversación privada. Menos si no ha sido confirmada, contrastada y ponderadas sus consecuencias.
Y los funcionarios estadounidenses conocen eso al dedillo. Saben que la mínima transgresión del “Off the record” pone en riesgo de demanda judicial al periodista o al medio de comunicación. Experiencias suficientes atesoran en el reino de las libertades públicas y del acceso a la información; el país donde la Primera Enmienda de la Constitución garantiza a todos los habitantes de esa nación de Norteamérica plena libertad de expresión y difusión del pensamiento, hasta que choquen con los límites establecidos.
De esa virtud tal vez carecen muchos funcionarios gubernamentales y privados, empresarios, políticos, periodistas, abogados y profesionales en general de República Dominicana que hace mucho tiempo acceden a los diplomáticos acreditados en el país.
Con sabrosura espantosa hablan, olvidando las funciones y las posibilidades de entendimiento del idioma y de la cultura que poseen sus interlocutores. Lo hacen con desparpajo, en camaradería y chulería extremas, obviando el imprescindible contexto que todo lo condiciona…
Al final, sin el “On the record” de orden, se van para sus casas con el orgullo de haber saludado a los embajadores. No se cubren. Es decir, dejan abiertas las compuertas para la tramitación de la información y hasta para su transmisión en medios de comunicación, lo cual les anula el derecho a demanda judicial. Porque en ausencia de “Off the record”, cae de la mata el “On the record”, o sea, la autorización para difundirla.
Si cada funcionario público, empresario, político o quien sea que compartiese en privado con cualquier diplomático le advirtiese lo anterior al comenzar o al cerrar el diálogo, no aparecería el nombre de República Dominicana en las filtraciones de informes de diplomáticos estadounidenses a la agencia mediática WikiLeaks.
O, por lo menos, no saldría con esos matices de chismes de patio, reveladores ellos de la baja autoestima, falta de identidad y poca monta de parte de muchos de nuestros dirigentes y líderes en todas las áreas, a quienes se les pone la carne de gallina cuando se perciben santiguados por embajadores de países grandes.
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