Taller de rendición de cuentas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo de Ministros tendría la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo la destitución de aquellos funcionarios que por negligencia o por irresponsabilidad hayan incumplido con la puesta en marcha de las medidas recomendadas por la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) para mejorar la transparencia del Gobierno, dijo el martes el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
El ingeniero Temístocles Montás hizo la declaración en el segundo taller de rendición de cuentas y seguimiento de las 30 recomendaciones del IPAC que tuvo lugar en el hotel Hilton, al percibir que en el comité organizador pareció descontarse que él respondería al cuestionamiento de qué se haría con los funcionarios incumplidores.
El comité organizador lo integran los ministerios de la Presidencia, el de Economía, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que estuvo representada por su director Marino Vinicio Castillo; la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, el Conep, la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (Codue), Finjus, por Servio Tulio Castaños; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el BID por su representante local Manuel Labrado, el Banco Mundial, por Robert Senderowitsch, y la Usaid.
Mediante un sistema de colores de semáforo, las diez mesas de trabajo establecieron que el ritmo de ejecución de las recomendaciones marcha más o menos acorde con el tiempo previsto al evaluarlas con los colores verde y amarillo. El verde significa que las medidas recomendadas fueron logradas, el amarillo que se encuentran en ejecución en el tiempo acordado, y las rojas que se estarían realizando pero no en el tiempo previsto.
Montás manifestó que en vista de que el proceso de sustituir la corrupción por la transparencia empezó en el Consejo de Ministros con instrucciones del presidente Leonel Fernández de que habría que cumplir, a este mismo órgano debe corresponder decodificar los colores y actuar en consecuencia.
“Si, al final, se considera que determinadas instancias gubernamentales, por negligencia o por irresponsabilidad incumplieron con lo que el Presidente asumió como compromiso con la sociedad, que en el Consejo de Ministros se pida la destitución del funcionario”, manifestó Montás.
Previó que aun cuando esa sanción se consideraría tardía, lo importante es que un gobierno que declaró el 2011 “Año de la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional” envíe a la población esa señal. “Eso es lo que yo recomendaría en el momento en que se produzca eso”, dijo.
Indicó que su percepción al observar las evaluaciones de las mesas de trabajo es que predomina el amarillo, que son recomendaciones ejecutadas en el tiempo previsto; pocos verdes, las acciones cumplidas, y relativamente pocas en rojo, las no iniciadas.
Para ello sugirió que en el taller de septiembre próximo se fije la meta de que cuanto menos el 50% de las en amarillo sean cumplidas, a fin de convertir las verdes en mayoría, y el otro 50% en diciembre, para concluir en positivo la evaluación de acciones contra la corrupción.
Además dijo que eso permitiría evaluar al IPAC y determinar qué nivel de percepción de la corrupción tendrá para entonces la ciudadanía y las autoridades continuarían trabajando para hacer una administración más transparente y una institucionalidad más fortalecida.
En otro orden, compartió una propuesta de socializar e integrar como resolución la entrega a los candidatos presidenciales de los resultados de las evaluaciones para que opinen respecto a las recomendaciones de cada mesa.
Sugirió evaluar el impacto del IPAC para determinar si los colores implican que las medidas tomadas redujeron o no la corrupción o que para hacerlo sea creado un mecanismo independiente “porque, al final, no es tanto si las medidas fueron aplicadas, sino si realmente están teniendo efecto y si esos efectos se están reflejando también en una reducción de la percepción ciudadana respecto de la corrupción, que esto contribuya a reducirla y, por tanto, debería establecerse un mecanismo evaluador”.
Sugirió que las mesas de trabajo sean institucionalizadas como mecanismos de comunicación sociedad civil y gobierno, con ayuda de los organismos multilaterales y bilaterales, en un diálogo permanente que permita a los gobiernos monitorear cómo la ciudadanía evalúa la gestión en transparencia y corrupción.
Aconsejó estudiar otra propuesta, de que una proporción de los recursos de las licitaciones se destine a la Dirección de Compra y Contrataciones.
La IPAC dio a conocer su segunda evaluación y seguimiento trimestral sobre los avances en sus recomendaciones para la transparencia adoptadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2010 y sus planes para los próximos talleres de julio a diciembre.
El IPAC, lanzado a mediados de 2010, es una iniciativa que surgió de tres reuniones del presidente Leonel Fernández con representantes de organismos de cooperaciones multilaterales y bilaterales para identificar y emprender acciones contra la corrupción y dotar a la administración pública de mayor transparencia.
El ministro Montás elogió la metodología de evaluación en mesas de trabajo por considerar que facilita que el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil compartan un espacio común para discutir de manera abierta las consecuencias de la falta de transparencia en la administración pública y buscar al mismo tiempo soluciones concretas.
Recordó que en marzo pasado el Gobierno informó de los avances en la ejecución de esas recomendaciones, cuando en las reuniones de seguimiento y evaluación trimestral se diseñó el plan de trabajo conforme a esa metodología.
