SANTO DOMINGO.- La solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público (MP) contra la Cooperativa Herrera por el supuesto fraude de unos dos mil 500 millones de pesos, revela que los números presentados por la sociedad mostraban estados financieros positivos, pero todo era falso.
Estas irregularidades habían sido dadas a conocer en el programa de investigación El Informe, de la periodista Alicia Ortega.
Según los documentos del órgano acusador, Coop Herrera reestructuró su organización administrativa en el 2018, otorgando al cargo de administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad. A partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa
De acuerdo a lo registrado en los estados financieros presentados por Jorge Eligió Méndez, en las asambleas ordinarias, auditadas por Julio César Minaya Mejía, en el 2019 los activos registraron un aumento significativo del 91.6%. Este incremento se acentuó aún más en el 2020, alcanzando un impresionante 110.2%. Esta tendencia continuó en los siguientes años, con un incremento del 35.6% en 2021 y un 32.9% en 2022.
El MP explica que estos resultados anormales de gestión eran alteraciones en los sistemas con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos que no poseían respaldo. Con estas maniobras ocultaban el fraude financiero y daban una apariencia de solidez, y de esta forma continuaban captando capitales y hacían crecer la cartera de socios de la sociedad.
A pesar de presentarse ese aparente crecimiento en las finanzas de Coop Herrera, la falsa burbuja financiera no fue sostenible, y a inicios del 2023, la cooperativa no tenía fondos económicos con que satisfacer la demanda de los socios cuando estos se presentaban a hacer retiros por cantidades bajas, dándole las excusas de que no había sistema.
De igual forma, se negaban a pagar los intereses de quienes tenían certificados financieros; y duraban meses para aprobar préstamos. La medida de coerción indica que lo anterior son signos claros de insolvencia económica, producto del fraude y la sustracción de fondos.
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