Santo Domingo.- El acusado Donald Guerrero Ortiz, en su declaración jurada en el año 2020 presentada ante la cámara de cuenta de la República Dominicana, indicó falsamente que solo poseía dos inmuebles, ocultando la composición real de su patrimonio, de acuerdo a la acusación del Ministerio público.
El expediente señala que los bienes de Ortiz están compuestos por más inmuebles que los declarados, además de otros bienes que adquirió y ocultó a través de sus empresas y de relacionados.
En ese mismo sentido, en la sección de cuenta bancarias declaró poseer tres (03) cuando realmente posee (05); En lo relativo a capital invertido el acusado declaró falsamente tener participación accionaria en dos (02) entidades comerciales, cuando realmente posee participación en más empresas, indica el documento.
Además, Ortiz, al momento de realizar la declaración jurada número DJP-023133 falseó la información relativa a la titularidad de tres (03) cuentas de ahorros, dos (02) corrientes y nueve (09) tarjetas de créditos, las cuales no declaró.
Asimismo, el implicado falseó la información relativa a la titularidad de su participación accionaria en las empresas PYXIS bufete empresarial (P.B.E), S.A, Servicios de Distribución del Norte C.Por A, Gold servicios y representaciones, S.A, D2 elecciones 2016,SRL, Contrutech S.A, CGP Consultoría y Gestiona de proyectos SRL, BC grupo dominicano de Broadcasting c por a, Euroauto, compañía de distribución eléctrica de Santo domingo C por A, sucesores Rogelio Pellerano c por a y Carmax C Por A.
El órgano acusador indica que Ortiz usaba empresas en paraísos fiscales y usó la modalidad de salir simuladamente de muchas de sus empresas cuando fue nombrado ministro en el año 2016.
“Movilizó un alto volumen de dinero a través de sus empresas relacionadas, dejó de usar sus empresas más antiguas y conocidas, como es el caso de GCP Consultoría y Proyectos, también como persona física dejó de movilizar dinero, para movilizar grandes montos a través de empresas a nombre de sus familiares y de terceros relacionados“, describe el expediente del MP.
En ese mismo sentido, Ortiz declaró menos bienes o patrimonio que los declarados cuanto entro como ministro, ya que, con una sola entidad comercial, TIVALSA, movilizó miles de millones de pesos, compañía que tuvo un crecimiento con un capital inicial de RD $60,000,000.00, y terminó con un capital en el año 2020, es decir, en cuatro años de más de mil millones de pesos.
El Ministerio público, establece que con dichas acciones intentaron ocultar el dinero y los activos movilizados producto de los utilizando personas físicas relacionadas y terceros, así como una variedad de entidades comerciales constituidas en la República Dominicana y en paraísos fiscales tales como Islas Bahamas, Las Tortolas, Panamá, Puerto Rico, entre otras.
Por ello, el órgano afirma que el incremento patrimonial de Ortiz, resulta irracionalmente exorbitante y no se corresponde con las actividades empresariales y declaradas que este y sus empresas desarrollan ni con el comportamiento precedente del acusado. Ese incremento de su patrimonio evidencia un enriquecimiento ilícito, que no tiene justificación alguna, el cual quiso utilizar sus conocimientos como profesional de la economía y consultor.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano más de 41 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
De los montos, 20,281,133,589.11 (20, 281 millones de pesos) corresponden a expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa; mientras que por concepto de líneas de crédito y contratistas del Estado vía Banco de Reservas fueron unos 20,904,831,250.65 (20,904 millones de pesos).
El Ministerio Público alega que esta estructura se configuró a partir del partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También alegadamente adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, queen algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Los imputados
En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.
Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.