SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes la imposición de prisión preventiva contra diez exfuncionarios, proveedores privilegiados del Estado y testaferros arrestados el fin de semana por aprovechar sus vínculos con el poder político para acumular fortunas millonarias.
La fiscal que presentó solicitud de medida de coerción contra exfuncionarios acusados de corrupción sólo manifestó que el Ministerio Público está listo para conocer la referida medida.
Cabe destacar que, hace poco los fiscales llegaron con tres valijas presumiblemente de documentos que contienen las pruebas que sustentan la acusación.
El cuerpo de fiscales, coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la solicitud de medida de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a la que pidió la prisión preventiva para los imputados, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal Dominicano.
Como parte de la denominada Operación AntiPulpo, la Pepca apresó el domingo a los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
Según el comunicado, mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.
La dependencia del Ministerio Público solicitó audiencia para conocer las medidas de coerción en las próximas horas, así como la declaración del caso como complejo, al amparo del artículo 369 del citado Código Penal Dominicano.
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