Por: Carolia Oleaga
LA ROMANA. – Exigiendo que les devuelvan sus inversiones y llamándolas ladronas, decenas de inversionistas de la constructora Novasco Real Estate asistieron este lunes a la primera audiencia de solicitud de medida de coerción a dos de las preguntas implicadas en estafa inmobiliaria revelada en el programa El Informe con Alicia Ortega.
Con la importancia de no ver materializados los sueños de tener un hogar propio, algunos de los que pagaron miles de dólares a la constructora Novasco Real Estate exigen que se haga justicia y que los implicados en la denominada Operación Guepardo devuelvan el dinero invertido.
A los fines de que las partes preparen sus medios de defensa, la Oficina de Atención Permanente de La Romana aplazó para el próximo martes 18 la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción a Marisol Nova Nolasco, una de las dueñas de la constructora y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, propietaria de la franquicia Remax One, señaladas por la Fiscalía como las líderes de la estructura.
Según el Ministerio Público la organización criminal se dedicaba a “la estafa electrónica y lavado de activos, recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares”.
La solicitud de medida de coercion en el caso Guepardo establece que “en 2022, tras constituir la empresa Novasco Real Estate, Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien se encuentra prófuga junto a su exesposo Yves Alexandre Girou, compró tres vehículos de lujos”
El expediente además detalla que la empresa les “hacía creer a los inversionistas» que contaban con los permisos para la construcción del lujoso complejo habitacional, sin tener la autorización ni el del Ministerio de la Vivienda ni el de Medio Ambiente.
Asimismo indica Rocío del Alba Rodríguez, propietaria de Remax ONE envío un comunicado a los inversionistas de la primera etapa informándoles que “la fecha de entrega se había retrasado y que estarían reprogramando una nueva fecha”, sin embargo, dice la fiscalia que la empresaria continuaba promoviendo las etapas 2,3 y 4 del proyecto, a sabiendas de las dificultades para el inicio, logrando así estafar a las víctimas.
En su solicitud de medida de coerción, el MP pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
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