SANTO DOMINGO.- La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó este martes que el Ministerio Público continúa con las investigaciones de lugar sobre la denominada Operación Calamar, en la cual el órgano persecutor imputa a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
En ese tenor, la también procuradora de Corte indicó que el órgano acusador solicitará al Segundo Juzgado de Instrucción una extensión de plazo de cuatro meses “con el fin de que con las investigaciones pertinentes la acusación contra los miembros de este entramado de corrupción sea fortalecida”.
Ortiz indicó que la solicitud está amparada en la norma y que en este plazo se tendrán respuestas que revisten de importancia para este proceso.
“El Ministerio Público, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, ha solicitado al tribunal la prorroga en el plazo de la investigación, en el sentido de que aún hay muchas diligencias que han sido realizadas en tiempo hábil y oportuno, que no hemos tenido respuestas de los órganos correspondientes, respuestas que son vitales desde el punto de vista del Ministerio Público para la presentación formal de su acto conclusivo, que será una acusación”, dijo la litigante al hablar para la prensa.
La magistrada jueza Ana Lee, atendiendo la solicitud de la barra de la defensa de una de las imputadas, aplazó el conocimiento de esta audiencia para el lunes 15 de enero del 2024, a las 9:00 de la mañana.
Además de Mirna Ortiz, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto titular de la Pepca, Wilson Camacho, así como los fiscales Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Alba García.
Asimismo, la magistrada Ana Lee pospuso la lectura del fallo sobre las peticiones de José Ramón Peralta, uno de los principales imputados en este proceso judicial, e informó que la nueva fecha será dada a conocer vía secretaría del tribunal.
En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
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