Modo de ayuda memoria es oportuno rememorar el caso PEME como lección sobre impunidad y controles débiles

Por: Edwin E. Feliz Brito.

El caso PEME (Programa Eventual Mínimo de Empleos) es una referencia obligada cuando se examina la evolución de la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana, pues, la trayectoria procesal y política permite recordar cómo, a pesar del volumen de recursos manejados y del número de imputados, el expediente concluyó sin condenas y dejó una percepción pública de impunidad estructural.

Cronología del caso

El PEME fue creado durante la primera administración del presidente Leonel Fernández (1996-2000) con el propósito declarado de generar empleos temporales en sectores populares urbanos, en la práctica funcionó como un esquema paralelo de administración de fondos públicos, carentes de controles contables y administrativos exigidos para el manejo financiero estatal y llegó a gestionar directamente más de 6 mil millones de dólares sin apegarse a los procedimientos legalmente establecidos.

Recordemos que con el cambio de gobierno en el año 2000, luego de analizar miles de evidencias y auditorias al programa, la administración bajo la presidencia de Hipólito Mejía dispuso que se enviara al Ministerio Público el voluminoso expediente y se sometiera a la justicia a quienes habían tenido responsabilidad operativa y administrativa en el programa, entre los imputados aparecían nombres que fueron sonoro cercanos a la administración del periodo 1996-2000 que el 15 de marzo de 2002 obtuvieron libertad bajo fianza.

Durante la etapa de instrucción, el Ministerio Público incorporó miles de piezas probatorias, entre ellas cientos de cheques firmados por terceros que figuraban como beneficiarios fantasmas. Diversas crónicas y fuentes periodísticas señalaban presiones dirigidas a órganos judiciales para que se desestimara ese voluminoso soporte documental y técnico, capaz de sustentar una acusación sólida.

El devenir político incidió directamente en el desenlace, pues, tras las elecciones y el retorno al poder del expresidente Leonel Fernández en 2004, concluyó la administración de Hipolito Mejia que había apoyado e impulsado el sometimiento y promovido una reforma al sistema de justicia, ese cambio de liderazgo estatal y las tensiones propias del contexto electoral del cambio de administración, marcaron el clima institucional de la época, en 2007, ya bajo la dirección de nuevas autoridades designadas por el Ejecutivo, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró formalmente la acusación contra todos los imputados, alegando el propio órgano acusador que había insuficiencia probatoria para sostener el proceso penal.

Impacto institucional y social

En ese mismo contexto conviene precisar como parte de la memoria institucional del caso que, aun cuando distintos técnicos acompañaron a los imputados durante el proceso, no es menos cierto que muchos de ellos formaban parte de estructuras políticas del gobierno saliente que era afín políticamente a los encartados, lo que reforzaba la percepción de una decisión política ya tomada e im­puesta sobre el órgano acusador.

Ello se hizo evidente, sobre todo porque, existiendo un tribunal apoderado, la figura del desistimiento o retiro de la acusación no era jurídicamente procedente, a ello se sumó la limitada reacción de sectores de la sociedad civil, que, lejos de actuar con la firmeza que se observa en la actualidad, evidenciaron en algunos casos niveles de cooptación que debilitaron la capacidad de presión social frente a un expediente de tal magnitud.

La decisión provocó cuestionamientos desde espacios de prevención de la corrupción y organizaciones civiles, voces críticas advirtieron que el retiro de la acusación enviaba un mensaje nocivo en términos de voluntad real para combatir la corrupción administrativa y dejaba en evidencia carencias estructurales del sistema de justicia frente a expedientes complejos de alto perfil político y el expediente quedó esencialmente archivado, sin que se produjeran condenas, reparaciones patrimoniales al Estado o sanciones administrativas aplicables, más allá de los nombres, lo relevante fue la ausencia de consecuencias jurídicas a pesar de la magnitud del manejo irregular señalado.

Desde una perspectiva objetiva, el caso PEME evidenció la voluntad institucional de judicializar un presunto desfalco de recursos públicos, dejando en evidencia las limitaciones institucionales de una época en la que bastaba una decisión de poder para sostener o desestimar una acusación ante los tribunales, aquella experiencia dejó expuestas debilidades estructurales y la fragilidad del sistema frente a interferencias externas.

A la luz de la evolución reciente y contrastadas con las dinámicas institucionales actuales, es evidente el avance logrado por la administración presente en materia de fortalecimiento institucional y blindaje frente a presiones políticas.

El respaldo del Poder Ejecutivo a la independencia funcional del Ministerio Público ha sido determinante, acompañado de la promulgación de un marco jurídico renovado, con rango constitucional, que garantiza un Ministerio Público no sujeto a designaciones discrecionales, así como la actualización del Código Procesal Penal y del Código Penal orientada a robustecer la coherencia y la eficacia de la persecución penal.

El actual contexto normativo e institucional, sin dudas, genera condiciones más favorables para la persecución efectiva de la corrupción y para consolidar una justicia más imparcial y resistente a factores de presión política, a modo de ayuda memoria, recordar el PEME es indispensable para entender por qué se demanda mayor transparencia, capacidades técnicas, independencia del órgano acusador y mecanismos más eficaces de control del gasto público, además, es también una invitación a que los procesos actuales de fortalecimiento institucional aprendan de los vacíos que hicieron posible que uno de los primeros escándalos de corrupción de alto perfil concluyera sin condenas ni recuperación de fondos públicos, partiendo de esos hechos, la memoria institucional es clave.