Leer el aplazamiento, por tercera vez, de la revisión de Sentencia que dispuso la libertad pura y simple, de cinco venezolanos quienes están acusados por un alijo de 359 Kilos de cocaína, incautados en el Aeropuerto Internacional de La Romana, nos lleva con vergüenza al título de este trabajo.
Pensemos que este expediente lleva 21 días de ida y vuelta en los tribunales. Con una Juez suspendida, sin ninguna acusación, pero investigada para hacer propaganda procesal con este caso. Ha quedado en el limbo la investigación real del hecho delictivo y criminal. Pilotos buscados por la Interpol, salen con un cargamento de drogas desde un aeropuerto venezolano, con la complicidad de autoridades y empresarios venezolanos.
Hay 13 personas, civiles y militares, detenidos en Venezuela por este caso, pero nada se sabe de las conexiones nacionales con este alijo. Solo sabemos de una investigación que gira alrededor de la Juez. Todo un drama con el caso, a fin de evitar que avance la investigación, porque lo deseado, es la distracción pública, a fin de esconder o diluir en el tiempo la complicidad y la contumacia del Poder Político y Social.
Circula la droga por doquier, la Dirección Nacional de Control de Drogas comisa 25 Kilos en furgones, la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional, captura 320 Kilos de cocaína en una casa, en Haina, y las autoridades puertorriqueñas apresan cuatro dominicanos, con una lancha que contenía 475 Kilos de cocaína. Todos estos decomisos en solo 21 días.
Hablamos de toneladas y media de cocaína, un promedio trágico que nos dice, hasta donde la violencia, la delincuencia y la criminalidad organizada son Poder y Estado en la República Dominicana. Son Estado, porque ocupan territorios físicos: Aeropuertos, Puertos, el Mar, el Aire y la Tierra para sus actividades delictivas. Usan infraestructuras financieras, comerciales, industriales y de transporte. Pues pueden usar avionetas sin licencia, con planes de vuelos autorizados para salir del Aeropuerto del Higüero, sin que nada se le oponga, y amarizar en el Lago Maracaibo, en Venezuela, sin que nadie sepa quién o quiénes son los responsables de este hecho.
Bloquear la judicatura es una tarea que solo se la puede imponer el poder político y social, puesto que los resortes de los tribunales y del Ministerio Público, solo los controla el poder posicional del Estado. El Dominio de estas dos ramas de la Justicia está en manos de los poderes públicos, y desvirtuar o trabar estos casos, es solo función de estos poderes.
Recordemos que justicia es más que aplicar el código procesal penal, es crear valores nobles de convivencia. Pero con estos ejemplos estamos reventado los sistemas premios de castigos que deben darle soporte a la convivencia pacífica. Cuando fallan la población tómala justicia por su propia cuenta, y reina la anarquía por la falta de autoridad.