Todo país tiene el derecho de proteger sus fronteras, controlar la entrada de extranjeros y repatriar aquellos que hayan ingresado sin documentación. La República Dominicana no es excepción.
Pero todo país que fomenta o tolera la migración a su territorio, como ocurre en la República Dominicana, tiene una responsabilidad humana y social ante los inmigrantes. Es indigno aceptarlos para realizar trabajos fuertes y mal pagados, y luego negarle derechos a la salud o la educación de sus hijos.
En la tensión entre ilegalidad, miseria y abusos radica el dilema de la migración haitiana a territorio dominicano.
Se sabe que los países con mayor nivel de bienestar y posibilidades laborales enfrentan una presión migratoria en el mundo, más aún si la disparidad de oportunidades es entre dos países fronterizos. Por eso, la migración haitiana es y seguirá siendo un asunto crucial para los dominicanos.
En Haití, el sistema productivo formal es prácticamente inexistente, y no hay un Estado mínimamente funcional; tampoco se vislumbra una salida política a sus conflictos internos.
Emigrar a la República Dominicana es una de las pocas opciones de sustento básico que tienen muchos haitianos. Aquí radica la presión migratoria.
Por su parte, los gobiernos dominicanos han fomentado o tolerado esa migración para ofrecer mano de obra barata a los empresarios locales, incluido el Estado. También se han beneficiado del tráfico humano funcionarios civiles y militares. Aquí radica la irresponsabilidad dominicana.
Aunque esta migración beneficie económicamente a muchos empresarios y a algunos funcionarios públicos, el flujo de inmigrantes haitianos tiene un costo social para la República Dominicana, porque cuando los inmigrantes se establecen en un país nuevo, no pueden solamente ser explotados; necesitan servicios de salud, educación y vivienda.
Como los salarios que reciben los inmigrantes haitianos son bajos, no tienen posibilidad de pagar por esos servicios. El Estado, entiéndase la sociedad dominicana, tiene que costearlos por mínimos y precarios que sean. De no hacerlo, proliferaría el analfabetismo, el hacinamiento y las enfermedades que retardan considerablemente el desarrollo.
Además, una masa de inmigrantes indocumentados dispuesta a trabajar por bajos salarios y sin garantías laborales, deprime los salarios generales en la economía y dificulta que los trabajadores dominicanos puedan presionar para una mejoría laboral. A los empresarios dominicanos les encanta tener esa gran reserva de mano de obra barata que constituyen los haitianos, aunque de manera hipócrita hablen en contra de esa migración.
Para que una sociedad con un flujo migratorio pueda progresar, tiene que ofrecer diversos subsidios públicos a los inmigrantes, de manera que puedan eventualmente integrarse a la nueva sociedad en que se han radicado.
Como la República Dominicana no cuenta con una buena oferta de servicios públicos, ni siquiera para los dominicanos, la posibilidad de que los haitianos se integren mediante un mejoramiento en sus condiciones de vida es prácticamente inexistente. La gran mayoría permanece marginada y empobrecida.
El comienzo de la solución a la migración haitiana no radica en atizar el nacionalismo xenófobo, ¡No! Proviene de que el gobierno y la sociedad dominicana asuman como una prioridad nacional la definición e implementación de una política migratoria con parámetros jurídicos claros, acorde con los derechos humanos y laborales.
Ni la ONU ni las ONG que trabajan con inmigrantes son las responsables de que en la República Dominicana se empleen tantos haitianos. Quienes enfocan sus cañones hacia esas organizaciones están encubriendo a los verdaderos responsables: los gobiernos dominicanos, incluido Trujillo, y muchos empresarios explotadores.
Artículo publicado en el periódico HOY
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