Los fideicomisos son una útil figura jurídica para afectar activos o derechos para un propósito determinado encargado a una institución fiduciaria bajo contrato, según la ley de cada país. Aquí han sido excelentes para el desarrollo inmobiliario y turístico.
Sin embargo, cierto deslumbramiento con el fideicomiso puede conducir al abuso, como ocurrió recientemente con el mamotreto que se intentó con Punta Catalina. Ahora el ex ministro de Economía, el brillante Juan Ariel Jiménez, advierte que una modificación en curso de la ley facilitaría que fideicomisos públicos endeuden al país sin autorización del Congreso, se vuelen los concursos para compras sin licitar ni publicación y que personas ajenas al funcionariado los controlen ilegalmente. “Sería un enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad”, tuiteó.
El Senado ya aprobó el proyecto que los diputados quieren pasar sin discutir esta semana. Crear un reglamento propio de cada fideicomiso estatal facilitaría usar recursos públicos sin cumplimiento de controles legales, lo que viola la Ley 340-06 y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Gobierno, empeñado en una encomiable guerra contra la corrupción, debe evitar este tremendo error y responder la denuncia de Juan Ariel. Lo malo es la recidiva tramposa “catalinica”, no los fideicomisos.
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