A menudo recibo de amigos y amigas, así como de colaboradores, el cuestionamiento acerca de cuál es la estrategia de la actual administración, que encabeza el presidente Danilo Medina, en lo que respecta al desarrollo institucional y el fomento de una cultura democrática.
En varias ocasiones he explicado a mis interlocutores cómo vemos la democratización de la sociedad y el establecimiento de una cultura institucional basada en el cumplimiento de la ley como ejes prioritarios de una visión que conjuga esos factores con la incorporación paulatina de la población a condiciones de equidad y seguridad y que tiene como norte el cada vez más pleno funcionamiento de un Estado social, democrático y de derecho. En todas las ocasiones les he referido a la propuesta o programa de gobierno del presidente Medina.
Me impresiona cómo la principal herramienta de explicación de la voluntad de gobierno de esta administración y otros documentos relacionados, son vistos con cierto asombro y hasta sorpresa, pues en todos los casos me he percatado de que mis interlocutores desconocían los planteamientos y la profundidad del enfoque con los que el presidente Medina se presentó a los comicios de mayo del año pasado.
Algo está fallando en nuestro proceso democrático cuando un conjunto de planteamientos que me consta fueron expuestos en centenares de ocasiones, es prácticamente desconocido por personas que no encajan en el perfil de ser parte de esa inmensa masa de gente sin acceso a la información o sin interés. Pero sobre eso trataré en otra ocasión.
Me interesa más ahora, destacar cómo vemos la relación entre el fortalecimiento de las instituciones, el apego a la legalidad y el desarrollo de una cultura de diálogo y generación de consensos como ejes que junto al mejoramiento paulatino de las condiciones de vida tendrían una repercusión de primer orden en la construcción de una sociedad más democrática.
Todos los diagnósticos sobre la sociedad dominicana realizados a partir de 2008 refieren a problemas de cohesión social, valoración de las normas sociales y sentido de pertenencia como parte de las dificultades que tenemos para una convivencia en paz. Sin ir más lejos, el informe de desarrollo humano de 2008 cita que para la mayoría de los dominicanos y dominicanas, el desarrollo es una cuestión de poder y que en la percepción y comportamiento acerca de las normas sociales, vivimos una especie de anomia, un desapego y enajenación que son motivo de gran preocupación.
Una gran parte de esto obedece a la percepción de que las normas sociales no tienen más valor que el de declaraciones acerca de las cuales no hay una voluntad e intención de cumplimiento por parte de quienes detentamos funciones de autoridad. Revertir esta percepción mediante el apego a las obligaciones que se desprenden del marco legal y de las responsabilidades de gobierno, es, pues, un ejercicio dirigido a restaurar el valor de las normas y la confianza en que ellas definen unas reglas de juego válidas que permitirían certidumbre y previsibilidad en el comportamiento social.
De una conducta gubernamental que restaure la confianza y certidumbre en relación con los comportamientos sociales y personales se desprendería una relación más coherente con las instituciones o arreglos acerca de procesos fundamentales de la vida colectiva de dominicanos y dominicanas en general. Sólo a partir de una conducta gubernamental que fortalezca los regímenes de garantías y los mecanismos de sanción podremos esperar un cambio gradual y ascendente en actitudes que son imprescindibles para organizarnos y actuar como colectivo.
Ese es el sentido profundo de la vocación evidenciada por el Presidente Danilo Medina hacia el fortalecimiento institucional.
Si a ese rasgo de conducta gubernamental le adicionamos el factor, ya analizado en otros artículos, de la cultura del diálogo y producción de consensos y las estrategias de democratización económica que impulsa esta administración, nos daremos cuenta de que la estrategia que impulsa la administración actual es la de construir democracia, entendida en su acepción de régimen de garantías y equiparación de oportunidades. Porque, en última instancia, fomentar la institucionalidad, en un contexto de mejora de las condiciones de vida y estímulo del diálogo y la participación social es una forma de buscar que el bienestar no sea una cuestión de poder, sino de derechos.
A quien más conviene una democratización de las prácticas sociales de modo que las garantías sean efectivas y alcancen a toda persona, es, precisamente a los más pobres, vulnerables y excluidos. La gente está entendiendo esto. Por eso el apoyo a esta administración se mantiene en los altos niveles que observan las encuestas. La comunicación de que la estrategia de este gobierno es democratizar, va siendo comprendida más allá de los discursos formales y la retórica propias de la política. En ese sentido, nuestro mensaje está siendo claramente comprendido.