Fiscal de Nueva York lidera ofensiva legal para proteger estatus migratorio de haitianos en EE.UU.

ESTADO UNIDOS.– En una acción legal de alto perfil, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, co-lideró una coalición de 18 fiscales generales estatales para defender el estatus migratorio de más de 250,000 inmigrantes haitianos que residen en Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), y que enfrentan la amenaza de deportación debido a intentos de revocación impulsados por la administración federal.

La acción se concretó con la presentación de un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en apoyo a una demanda presentada por un grupo de inmigrantes haitianos.

En el documento legal, los fiscales sostienen que la medida del gobierno federal para cancelar el TPS a los haitianos es ilegal, representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad de cientos de miles de personas, y podría desmembrar a numerosas familias binacionales.

“Los inmigrantes haitianos son una parte valiosa de nuestras comunidades y economías locales, ayudando a construir el Nueva York y el país que conocemos hoy”, expresó la fiscal James.

“Esta medida para revocar su estatus legal pondría en peligro a cientos de miles de personas y desgarraría familias. Seguiré luchando por proteger el TPS para que quienes llegaron aquí buscando una vida mejor puedan continuar persiguiendo el sueño americano.”

Contexto humanitario y migratorio

El TPS para Haití fue implementado originalmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras el devastador terremoto de 2010, y ha sido renovado varias veces debido a las persistentes condiciones de violencia, inestabilidad política y crisis humanitaria en ese país. La última extensión se había concedido en 2024.

A pesar del deterioro continuo en Haití, la administración federal ha movido ficha para terminar las protecciones otorgadas a quienes se benefician del programa, exponiendo a la deportación a más de 250,000 haitianos, entre ellos al menos 56,000 residentes en Nueva York.

Impacto en las familias y la economía

Según cifras de 2022, más de 200,000 ciudadanos estadounidenses —incluidos unos 87,000 niños— viven con al menos un familiar que posee TPS haitiano.

De acuerdo con el escrito de los fiscales generales, la terminación del programa forzaría a los padres a enfrentar decisiones imposibles: abandonar a sus hijos nacidos en EE.UU., llevarlos a un país ajeno y peligroso, o permanecer en EE.UU. sin autorización legal, viviendo en constante temor a la deportación.

Desde el punto de vista económico, los haitianos amparados por el TPS aportan aproximadamente 4.4 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense.

Su salida del mercado laboral afectaría severamente sectores esenciales como salud, educación y construcción. Además, la revocación del TPS dejaría sin cobertura médica a muchas familias, incrementando los riesgos de salud pública.

Consecuencias legales y sociales

Los fiscales argumentan que la cancelación del TPS es arbitraria, discriminatoria y anticonstitucional. También advierten que las comunidades se verían afectadas por un aumento del temor a la deportación, lo que reduciría la colaboración de inmigrantes con autoridades en casos de delitos o emergencias.

Niños en hogares con beneficiarios del TPS sufrirían traumas psicológicos, ausentismo escolar y efectos duraderos en su desarrollo.

Apoyo multilateral

Además de Letitia James, el escrito fue firmado por los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

Con esta acción legal, los estados buscan que la corte postergue cualquier terminación del TPS para los haitianos, asegurando la continuidad de sus derechos y protecciones mientras persista la crisis humanitaria en su país de origen.