Las estelares luchas y movilizaciones multitudinarias, centradas en procurar el fin de la impunidad y la corrupción, no han logrado desbloquear el blindaje impuesto por una institucionalidad controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales; agravándose continuamente los males que aquejan a una Nación re-colonizada y confirmando que tales objetivos exigen desmontar esta dictadura constitucional corrompida con acciones extra-institucionales mucho más contundentes y efectivas, acompañada de una propuesta de nueva institucionalidad y transformaciones estructurales profundas.
Gobierno, Estado y sistema de partidos (oficialistas y opositores), embarcados en pantano electoral, no solo se siguen mostrando como protagonistas y beneficiarios de esta institucionalidad, sino además como entes apegados a la política como negocio y factores subordinados a los intereses de EEUU, tanto en política exterior y asunción de programas neoliberales como a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
En el marco de esa espuria competencia, y en medio de su afán continuista, el Presidente Medina se ha mostrado cada vez más plegado a los designios de EEUU; al tiempo de disponerse a imponer desde el Congreso que domina, contrarreformas de alto contenido despótico contra la libertad de expresión.
Una conducta similar asume el PRM en estos temas cruciales para el país.
Ambos polos electorales, pues, no esconden su voluntad de plegarse a la estrategia de golpes e invasiones contra la soberanía continental, ahora centrada contra la Venezuela bolivariana; mientras, con descaro inaudito, propugnan por criminalizar a quienes acusemos a sus jefes de corruptos, en lugar de castigar a los autores y beneficiarios de la delincuencia política y empresarial.
Pero hay más.
Ahora, nueva vez, obviando esa realidad electoral, partidos “emergentes” y sectores que se proclaman de “izquierda y progresistas” apuntan hacia una formula encabezada por el PRM.
Tales conductas políticas evidentemente están de espaldas tanto a las crisis que se superponen y entremezclan, como a la imperiosa necesidad de superarlas para impedir que arrastren a nuestra sociedad a situaciones cada vez más dramáticas.
Es ya muy visible que junto a factores políticos-institucionales que generan ilegitimidad y apuntan hacia la ingobernabilidad, provocando indignación y movilización popular, el actual crecimiento de la economía con desigualdades profundas, sobre-explotación, corrupción e impunidad, se ha tornado cada vez más frágil y riesgoso para quienes detentan el poder.
Pero también la crisis ambiental va camino a una fase sumamente aguda, generando condiciones para un crecimiento extraordinario de la lucha por el agua y por la vida.
Ocurre, además, algo parecido con los efectos cada vez más empobrecedores del manejo mafioso y rapaz de la comercialización de los combustibles, sistema energético, transporte y relación costo de la vida-salario-pensiones, salud pública, seguridad social y pensiones; vertientes todas degradadas por la privatización, corrupción y lucro desmedido.