SAN SALVADOR.- Más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños denunciaron este domingo la «usurpación» de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y desconocieron a los abogados electos por la Asamblea Legislativa para ocupar los cargos de magistrados.
El sábado tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los magistrados propietarios y suplentes de dicha Sala, a quienes acusaron de «fraude a la Constitución» y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
Poco después de conocerse esta decisión, los jueces constitucionales emitieron un fallo en el que declararon inconstitucional la decisión legislativa.
«Desconocemos el mandato de las personas que han usurpado, incluso por la fuerza, las funciones de órganos constitucionalmente elegidos y cuyas actuaciones serán ilegitimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales», señalaron en un comunicado.
De acuerdo con Zaira Navas, abogada de la organización de derechos humanos Cristosal, los magistrados que se deben reconocer son los que la Asamblea Legislativa «pretendió destituir».
«No es legal la destitución, es inconstitucional», señaló y añadió que el pleno de la Corte Suprema «solo debe reconocer a los magistrados electos constitucionalmente».
Indicó que «no habrá dos salas», pero que las decisiones de la Asamblea Legislativa «generan una confusión en la población» y que las resoluciones que emitan los abogados votados por la Asamblea «no deben surtir efecto».
De acuerdo con Rubén Zamora, el exembajador de El Salvador en Estados Unidos, existe jurisprudencia nacional e internacional sobre usurpaciones y señaló que «los delincuentes son los usurpadores y quienes los llevaron».
José Marinero, presidente de la fundación Democracia, Transparencia, Justicia (TPJ), aseguró a Efe que en la país no existirá una duplicidad de salas constitucionales.
Sostuvo que el proceso de destitución y de nombramiento de otros magistrados fue «atropellado» y que es una especie de «venganza» por las resoluciones que emitió la Sala para el control de la pandemia.
«Es una especie de venganza por las limitaciones que la Sala impuso al ejercicio abusivo del poder del Ejecutivo» y «la intención es quitar un obstáculo para el ejercicio autoritario del poder», agregó.
El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este domingo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su «profunda preocupación» por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, Raúl Melara.
En una conversación telefónica, Blinken señaló que «un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática» y defendió que Melara está «luchando contra la corrupción y la impunidad».
Añadió que Melara «es un socio eficaz» para combatir el crimen «tanto en Estados Unidos como en El Salvador», según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó este domingo la destitución de las autoridades en El Salvador y además las acciones del Ejecutivo liderado por Bukele «que guiaron estas decisiones».
Al pronunciamiento de la OEA se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado salvadoreño respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró «inconstitucional la resolución de la Asamblea» y que garantice «la separación de poderes y el orden democrático».
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