ONGs proponen 11 medidas urgentes para proteger a la infancia migrante en República Dominicana

Santo Domingo, RD –.– Santo Domingo, R.D. – En el contexto del Diálogo Nacional sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), la Coalición de ONGs por la Infancia presentó un paquete de 11 medidas consideradas indispensables para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad o en riesgo de estarlo.

La propuesta fue elaborada bajo los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño —Participación, No discriminación, Supervivencia y desarrollo, e Interés superior del niño— y se alinea con las normativas migratorias nacionales y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

Actualmente, la Coalición participa activamente en la Mesa de Desarrollo de Comunidades Fronterizas, donde ha solicitado que las medidas sean transversalizadas en todas las mesas de trabajo del proceso de concertación, debido a la gravedad de las afectaciones que enfrentan los menores de edad en contexto migratorio.

Evitar la separación familiar y garantizar arraigo

Entre las medidas propuestas destaca la urgencia de evitar la separación de niños y niñas de sus familias, salvo en casos comprobados de riesgo, asegurando siempre su seguridad y bienestar. También se plantea el principio de arraigo como alternativa a la deportación para menores que ya han desarrollado vínculos sociales, familiares y educativos en el país.

Retornos protegidos y salud mental

La Coalición subraya la necesidad de procesos de retorno familiar protegidos, que cuenten con acompañamiento psicosocial y coordinación interinstitucional, tanto en el país de origen como en el de destino. También hace un llamado a abordar los efectos psicológicos del desplazamiento forzado, proponiendo la incorporación de servicios especializados de salud mental en toda intervención dirigida a la niñez en movilidad.

Garantía de derechos básicos y articulación institucional

Otro de los puntos claves es asegurar el acceso irrestricto a servicios fundamentales como educación y salud, estableciendo resoluciones que protejan a la niñez migrante, sin importar su estatus. Asimismo, se enfatiza en fortalecer el Modelo Nacional de Gestión de Casos de CONANI, promoviendo una ruta articulada de protección entre instituciones públicas, sociedad civil y organismos internacionales.

Municipios protectores y capacitación institucional

La propuesta incluye instaurar municipios protectores de la infancia, con espacios seguros y redes comunitarias de denuncia, así como capacitar obligatoriamente a funcionarios de migración, salud, seguridad y educación en derechos de la infancia migrante y protocolos diferenciados.

Regularización y coordinación binacional

Uno de los puntos más sensibles aborda la necesidad de establecer un procedimiento ágil para la regularización de niños nacidos en República Dominicana de padres extranjeros en situación migratoria irregular, con el fin de garantizarles acceso a derechos básicos como salud, educación e identidad.

Finalmente, se propone establecer una plataforma binacional permanente entre República Dominicana y Haití, con participación de organizaciones de sociedad civil, organismos estatales y agencias de Naciones Unidas, con el objetivo de responder de forma conjunta, integral y coordinada a las necesidades de la niñez transfronteriza.

Un llamado a la acción

La Coalición de ONGs por la Infancia advierte que la niñez migrante es uno de los grupos más vulnerables en el actual contexto de crisis humanitaria y migratoria. Por ello, exhorta a los tomadores de decisión a integrar estas 11 medidas como prioridad en la agenda del Diálogo Nacional, para garantizar un entorno seguro, digno y protector para todos los niños y niñas que transitan o residen en territorio dominicano.

La ciudadanía puede conocer más sobre estas medidas y sumarse al debate a través de la Consulta Pública abierta por el CES hasta el próximo lunes 7 de julio en la plataforma digital “OpinaRD” (ces.gob.do/OpinaRD/) o enviando sus propuestas al correo [email protected].

🧒👧 11 MEDIDAS INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN MOVILIDAD

1. Evitar la separación de niños y niñas de sus familias, salvo cuando exista un riesgo comprobado y evaluado, priorizando siempre la unidad familiar.
2. Establecer criterios oficiales de arraigo infantil, reconociendo vínculos sociales, familiares y educativos, como parte de los procesos migratorios para proteger el interés superior del niño.
3. Aplicar rutas de retorno familiar seguras, con acompañamiento psicosocial e interinstitucional antes, durante y después del proceso de retorno al país de origen.
4. Incluir atención psicosocial especializada, como parte integral de toda intervención dirigida a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad.
5. Garantizar el acceso incondicional a salud y educación, para niños, niñas y adolescentes migrantes, sin discriminación ni restricciones territoriales.
6. Consolidar el uso del Modelo Nacional de Gestión de Casos, fortaleciendo el Mecanismo Nacional coordinado por CONANI, con recursos y articulación efectiva entre instituciones públicas y sociedad civil.
7. Instaurar municipios protectores de la infancia migrante, con resoluciones locales, espacios seguros y redes comunitarias activas de protección infantil.
8. Incluir formación obligatoria en derechos de la infancia migrante, en todos los programas de capacitación institucional para funcionarios de migración, salud, seguridad y educación.
9. Hacer obligatorio el uso del Protocolo para la atención de niñez migrante no acompañada y separada, con mecanismos de implementación y monitoreo en todas las instituciones responsables.
10. Establecer un procedimiento de regularización migratoria para niños y niñas nacidos en República Dominicana de padres extranjeros en situación irregular, garantizando su acceso a derechos fundamentales desde el nacimiento.
11. Crear una plataforma binacional permanente de coordinación en protección infantil, entre República Dominicana y Haití, con la participación de organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y agencias de la ONU, para asegurar respuestas integrales y coordinadas.