SANTO DOMINGO.- El exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón, uno de los nuevos imputados en en la acusación de la Operación Calamar, es señalado en el documento acusatorio como un individuo que se alió para participar en un esquema de soborno para distraer sumas millonarios de las arcas del Estado a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
De acuerdo con la acusación, la Oisoe reconocía deudas por trabajos adicionales, incluso obras cerradas, que el contratista no realizó utilizando volumetrías falsas como una de las maniobras fraudulentas para lograr pagos.
Ramón Calderón es un imputado que no figuró en la investigación inicial pero que de acuerdo con el Ministerio Público se alió a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Víctor Matías, Encarnación Montero y Daniel Omar de Jesús Caamaño.
En particular, el Ministerio Público indica que el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, exigió y obtuvo la suma de dieciocho millones ochocientos mil pesos (DOP 18,800,000.00) a cambio de que el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz solicitara el expediente de pago de la deuda del ingeniero Francisco Armando Ortega González a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y lo autorizara, monto este que le fue entregado en efectivo por Baldemar Andriw Ovalle Sánchez.
La acusación del Ministerio Público incluye en el expediente a 46 acusados, de los cuales 34 son personas físicas y 12 son empresas privadas.
De acuerdo con informaciones del Ministerio Público, el expediente presentado posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales alegadamente detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Estamos hablando de un escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”, detalló el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La imputación del Ministerio Público prevé asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Entre los acusados en el supuesto entramado de corrupción figura José Ramón Peralta y Donald Guerrero, ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y candidato a la presidencia del PLD en el período 2020.
También, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
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